Los expertos, contrarios a este nuevo elemento obligatorio masivo, dicen que supone un grave atentado “contra nuestra libertad y nuestro bolsillo”
De polémica en polémica. Y otra para terminar este año o para empezar el 2026. Nos referimos a las nuevas señalizaciones para nuestros vehículos. Las antipopulares Balizas V-16. Su compra será obligatoria y con ellas, el Gobierno, el Estado podrá geolocalizarte, es decir, saber dónde están. Podrán saber a qué velocidad vas con tu coche. Por ello, en un futuro quizás, sin necesidad de radares puedes recibir las multas en tu casa.
Los expertos, muchos contrarios a este nuevo elemento obligatorio masivo supone un grave atentado “contra nuestra libertad y nuestro bolsillo”.
Precio Jurídicos pone a disposición tres cartas para enviar masivamente para intentar parar este atentado contra nuestra libertad y nuestro bolsillo.
La realidad es quela Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a demostrar su desconexión con la realidad de los ciudadanos y la asfixia económica que ya padece la clase media.
Nuevo impuesto encubierto
A partir del 1 de enero de 2026, los conductores españoles estarán obligados a sustituir el tradicional y funcional triángulo de emergencia por las nuevas balizas luminosas V-16 geolocalizadas. Una medida que, lejos de ser una mejora real en la seguridad, se perfila como un nuevo impuesto encubierto y una herramienta más de control.
Mientras millones de familias luchan por llegar a fin de mes, el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la DGT, impone una nueva obligación que supone un gasto extra e innecesario.
El triángulo de emergencia, un elemento de seguridad que ha funcionado eficazmente durante décadas y que el ciudadano ya posee, es declarado obsoleto de un plumazo. La nueva Baliza V-16, con su coste y su necesidad de homologación y batería, obliga a un desembolso que se suma a la ya elevadísima carga fiscal que soporta el propietario de un vehículo en España… Desde el impuesto de circulación hasta los desorbitados precios de los carburantes.
Una llana estafa
«Es una estafa, simple y llanamente. Nos obligan a comprar un ‘gadget’ caro, con tecnología que puede fallar, solo porque a la DGT le apetece poner un GPS a cada coche. ¿Acaso no es suficiente con el GPS de nuestros móviles o el del propio vehículo? Esto solo huele a negocio para unos pocos y a más vigilancia para todos» comentan los expertos en defensa del conductor.
La principal «novedad» de estas balizas es su capacidad para transmitir la ubicación del vehículo detenido a la nube de Tráfico. Aunque se vende como un avance vital para la seguridad vial, muchos ciudadanos ven con recelo esta geolocalización obligatoria.
Control frente a la privacidad
¿Es realmente una medida para salvar vidas, o una excusa para centralizar aún más la información sobre los movimientos de los ciudadanos?
Lo cierto es que la privacidad del conductor vuelve a quedar en entredicho por un Gobierno que parece obsesionado con saber dónde está el ciudadano en todo momento. La V-16, una baliza que debe estar conectada y funcionando incluso en el arcén, abre la puerta a un control que, para muchos, es excesivo e intrusivo.
El sentido común
La DGT argumenta que la baliza es más segura porque evita que el conductor tenga que salir del coche para colocar el triángulo, especialmente en autopistas. Sin embargo, esta lógica ignora la fiabilidad del sentido común y la posible fragilidad de la tecnología. ¿Qué ocurre si la batería falla? ¿Si la baliza es defectuosa? El ciudadano se enfrenta a una multa por no tener un dispositivo electrónico que, por su naturaleza, es más propenso a fallos que un simple reflector.
Por otro lado, si las balizas cuestan de media 40 euros y hay que equipar todo el parque móvil de España, alguien va a ganar mucho dinero. Y viendo lo que sucedió con las mascarillas, muchos anticipan que aquí alguien se lo podrá llevar muy crudo.
Marco Normativo y Fecha de Obligatoriedad
La obligatoriedad de sustituir los triángulos por la baliza V-16 geolocalizada a partir del 1 de enero de 2026. Establecido por la Dirección General de Tráfico (DGT), específicamente mediante el Real Decreto 2822/1998 modificado, y las normas de homologación recogidas en el Real Decreto 159/2021 y el Real Decreto 1030/2022.
