La condena representa la censura judicial más grave posible contra la cabeza del Ministerio Público, una institución crucial
La condena del Tribunal Supremo al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos es un problema significativo para el Gobierno de Pedro Sánchez debido a varios factores.
La pena de dos años de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado obliga a García Ortiz a cesar de su puesto una vez la sentencia sea notificada formalmente. Esto fuerza al Gobierno a iniciar de inmediato el proceso de nombramiento de un nuevo Fiscal General.
La condena representa la censura judicial más grave posible contra la cabeza del Ministerio Público, una institución crucial. Esto debilita la confianza en la Fiscalía y en la capacidad de la Administración para mantener la reserva de datos.
Desviación de poder
García Ortiz ya fue nombrado en medio de una fuerte controversia. Su nombramiento anterior como Fiscal de Sala fue anulado por el Tribunal Supremo por «desviación de poder«. Y su posterior ascenso a FGE fue percibido por la oposición como un intento de control político de la Fiscalía. Su condena ahora parece confirmar, para los críticos, los temores sobre la politización.
Tanto el Gobierno como el PSOE y Pedro Sánchez se habían implicado de manera firme y ostensible en la defensa de García Ortiz, tanto en lo político como en lo judicial. El propio Sánchez llegó a afirmar públicamente su inocencia antes del fallo.
Golpe a la credibilidad de Sánchez
Por otro lado, la condena convierte la sentencia en un golpe directo a la credibilidad del Ejecutivo, que había apostado todo por la absolución. Los críticos lo ven como una derrota política del presidente, quien no ha salido «indemne» de su defensa incondicional.
Se ha especulado que, en caso de condena, el Gobierno podría plantear un indulto total o parcial para García Ortiz. Cualquier medida de gracia sería percibida como un intento de saltarse la decisión del Supremo y reforzaría la narrativa de que el Gobierno busca proteger a «los suyos» y controlar las instituciones.
Arma política para Ayuso
Asimismo, la condena se convierte en un arma política para Isabel Díaz Ayuso, que había denunciado una persecución del Estado contra su entorno.
La condena no solo inhabilita al Fiscal General, sino que también pone en entredicho el juicio político del Gobierno al haber mantenido a García Ortiz en el cargo y defenderlo públicamente hasta el final.
Se considera un terremoto institucional que reaviva el debate sobre la independencia del Ministerio Público y el uso político de las instituciones por parte del Ejecutivo.
