El Gobierno prepara la llegada de un nuevo fiscal a Ortiz de perfil Sanchismo para seguir dando placer a las corrientes Socialcomunistas
La condena que obliga al cese de Álvaro García Ortiz pone al Gobierno en la necesidad de elegir un nuevo Fiscal General del Estado (FGE). Pero debe los requisitos legales: jurista de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio… Y, políticamente, que pueda restablecer la confianza en la institución.
Aunque el proceso es discrecional del Gobierno, y no hay una lista oficial de candidatos, las fuentes jurídicas y políticas suelen barajar nombres. Estos provienen de la carrera fiscal o de la judicatura, generalmente del sector progresista, dada la orientación del actual Ejecutivo.
A continuación, se presentan algunos perfiles que han sonado en contextos anteriores o que cumplen el perfil:
Perfiles de la Carrera Fiscal Progresista
Es la opción más tradicional y la que ofrece un perfil técnico más sólido, ya que conocen el funcionamiento interno de la Fiscalía.
- Javier Zaragoza: Exfiscal de la Audiencia Nacional y exfiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional. Es un jurista de gran peso y reconocido, con una larga trayectoria, que podría ofrecer un perfil de transición o un nombre con mayor consenso profesional.
- María Antonia Sanz Gaite: Actual Fiscal Jefa de la Secretaría Técnica de la FGE. Ocupa un puesto clave en la estructura y, al igual que García Ortiz en su momento con Dolores Delgado, representa la línea de continuidad dentro de la actual cúpula.
- Esmeralda Rasillo: Fiscal de Sala. Su nombre ha sonado en el pasado como posible candidata. Es una jurista con gran experiencia y un perfil de gestión dentro del Ministerio Fiscal.
Juristas de alto nivel fuera de la Fiscalía
El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal permite nombrar a juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de profesión, lo que abre la puerta a magistrados, abogados del Estado, o catedráticos.
Excluyendo a Dolores Delgado, el Gobierno podría buscar un perfil político-técnico que haya pasado por cargos relevantes en el Ministerio de Justicia.
Se podría buscar a un magistrado del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional afín ideológicamente, que cumpla con los requisitos de prestigio y experiencia.
El consenso imposible
Más allá de los nombres, el mayor problema para Pedro Sánchez es que la condena ha elevado la tensión política al máximo.
De esta manera, el Gobierno necesita un candidato que, aunque sea de orientación progresista, no tenga un historial de vinculación política directa o polémica reciente. De esta manera podría evitarse que la oposición use el proceso de nombramiento para continuar con la ofensiva. Aunque desde LA BANDERA creemos que esta opción es altamente improbable.
Pero la persona propuesta deberá superar los trámites del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Comisión de Justicia del Congreso. Y tras la polémica de García Ortiz, el Gobierno buscará un perfil que minimice la posibilidad de un informe muy negativo o de un rechazo frontal en sede parlamentaria.
En definitiva, se espera que el Gobierno opte por un jurista de la carrera fiscal o judicial, progresista, pero con un perfil técnico más discreto y de menor confrontación que el que tuvo García Ortiz. Es la teoría oficial que están promoviendo las fuentes socialistas, pero que pocos se creen…
