Las cifras encienden la alarma social: fracaso lamentable de las administraciones en la protección del derecho a la propiedad privada
El drama de la okupación ilegal de viviendas en España mantiene su epicentro en Barcelona, una situación que, lejos de corregirse, se agrava bajo la inacción de las políticas progresistas.
El diario digital The Objective ha recogido en un reciente informe el persistente y alarmante crecimiento de este fenómeno delictivo, citando datos que confirman el fracaso de las administraciones en proteger el derecho a la propiedad privada.
Según cifras extraídas del Ministerio del Interior y de los propios Mossos d’Esquadra, la provincia de Barcelona continúa liderando el vergonzoso ranking nacional de usurpaciones y allanamientos. Las estadísticas muestran que Cataluña concentra de manera desproporcionada el grueso de las denuncias, evidenciando una inseguridad jurídica que ha convertido a la región en un paraíso para los delincuentes.
La ruina del propietario
El análisis de la prensa subraya que la persistencia de esta lacra no es accidental. La laxitud de las leyes de vivienda impulsadas por el Gobierno central y la pasividad de los gobiernos de izquierda y separatistas en Cataluña han creado un caldo de cultivo. Este es perfecto para las mafias organizadas, que actúan profesionalmente aprovechando los vacíos legales.
El propietario particular
La principal víctima de esta situación es el propietario particular, el ahorrador. Este ve cómo el fruto de su esfuerzo es violentado sin una respuesta judicial rápida y efectiva. La lentitud de los procesos de desalojo y la supuesta protección a los okupas dejan al legítimo dueño en una situación de indefensión total. Además, lo fuerzan a asumir costes de seguridad y legales.
Por otro lado, la noticia de The Objective, que recogemos en LA BANDERA, sirve como un toque de atención urgente a las autoridades… Para que dejen de lado la ideología del intervencionismo. También para que procedan a una reforma legal que priorice la protección de la propiedad privada. Y con la inclusión de desalojos exprés y contundentes.
