Este miércoles el Gobierno vuelve a la carga con otro invento digno de manual: un nuevo protocolo para “combatir la violencia de género en farmacias”. Sí, has leído bien. Violencia de género… en farmacias. Los Ministerios de Sanidad e Igualdad presentan el plan a bombo y platillo en la farmacia de la calle Alcalá 54, como si hubieran descubierto el antídoto definitivo contra un problema que ni ellos mismos saben gestionar. Otro acto, otro cartel, otro evento para la foto… y otra factura que pagas tú.
¿De verdad hacía falta otro protocolo?
El documento, elaborado con el Consejo General de Farmacéuticos, es la actualización del de 2021. Una reedición, una temporada 2, un “refrito premium” con el que vender que ahora sí, esta vez sí, esta vez de verdad, han dado con la tecla.
Lo que propone es que los farmacéuticos identifiquen riesgos, hagan valoración, deriven, orienten… y carguen sobre sus hombros un trabajo que corresponde a un Estado que lleva años improvisando.
Y mientras se presentan protocolos nuevos, lo que no cambia es lo de siempre: dinero público invertido en medidas simbólicas que generan titulares, pero no resultados. Una estrategia que ya vimos reflejada en piezas como el Gobierno de Sánchez estudia trasladar a las familias el sobrecoste de 800 millones por el apagón eléctrico, donde el despilfarro y la falta de soluciones reales es marca de la casa.
El acto: mucha pose, poco contenido
En la presentación aparecen Jesús Aguilar, Mónica García, Ana Redondo y Carmen Martínez. Cuatro sillas, cuatro discursos y la enésima promesa de “reforzar el compromiso institucional”.
Eso sí: que nadie pregunte por cifras reales, por impacto, por seguimiento, por eficacia o por qué seguimos multiplicando protocolos que luego acaban cogiendo polvo.
España está llena de protocolos que no valen ni para sujetar una mesa coja. Pero ahí seguimos: presentando versiones nuevas para justificar estructuras enteras.
El farmacéutico, convertido en funcionario improvisado
A ver: el farmacéutico tiene una función esencial, pero esto raya el surrealismo. ¿Ahora también será detector oficial de riesgo social? ¿Adivino profesional? ¿Interventor emocional?
¿Con qué tiempo, Con qué formación, Con qué protección legal?
En un país donde ni la Policía, ni los juzgados, ni los servicios sociales están bien coordinados, pretender que una farmacia sea un “punto de contacto clave” es otra huida hacia adelante. Un parche más para disimular que el sistema no funciona.
Un planteamiento que recuerda a otras medidas rocambolescas y sin impacto real, muy en la línea de ocurrencias institucionales que ya hemos visto, como cuando el Gobierno destina 143.000 euros públicos a la destrucción de 300 pateras en Almería, otra medida estética sin resultados reales.
La foto por encima del problema
El problema de fondo es simple: se sustituyen soluciones reales por gestos. Se sustituye gestión por relato. Y se sustituye eficacia por propaganda.
Mientras tanto, la violencia de género —esa que dicen querer combatir— sigue enfrentándose a un sistema judicial saturado, una coordinación institucional fallida y una falta de seguimiento de casos que no se arregla poniendo un mostrador más en la ecuación.
¿Una ayuda real o otro escaparate?
El protocolo promete “orientación inmediata y derivación hacia recursos adecuados”. ¿Cuántos recursos? ¿En qué condiciones? ¿Con qué disponibilidad? ¿Con qué garantías?
Lo que suena es lo de siempre: mucha literatura, pocos hechos. Y un Gobierno que prefiere vender humo antes que reforzar lo que de verdad salva vidas: coordinación profesional, aumento de plantilla, juzgados especializados bien dotados y sistemas de alerta que funcionen de verdad.
Medidas reales, no ceremonias en la farmacia de Alcalá.
Lo que no te cuentan
— Que los farmacéuticos llevan años quejándose de sobrecarga.
— Que muchos territorios no tienen recursos suficientes para atender a las víctimas derivadas.
— Que las farmacias no pueden asumir responsabilidades legales sin respaldo.
— Que los protocolos no sirven sin evaluación objetiva.
— Y que esta presentación no soluciona nada, pero hace mucho ruido. Y el ruido es lo que más le gusta al Gobierno.
