Pedro Sánchez despilfarra el dinero de los españoles imponiendo una presión fiscal cada vez más alta
El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó una subvención de 150.000 euros para un proyecto cultural en Brasil, gestionado por el colectivo Distrito Drag, una agrupación que promueve la cultura LGTBI a través del arte transformista y que mantiene vínculos con iniciativas políticas y artísticas en el país sudamericano. La ayuda, otorgada el 22 de julio, se inscribe bajo el programa oficial “Programa Indígena 2025: Fortalecimiento y protección de indígenas LGTBIQIA+ del pueblo guaraní”.
La financiación se canalizó a través de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), reabriendo el debate sobre el uso de fondos públicos en proyectos en el extranjero. Esta agencia distribuye cada año miles de subvenciones sin contraprestación directa y, según datos recientes, ha destinado más de 1.850 millones de euros en cuatro años solo mediante este tipo de ayudas. Sumando otros instrumentos estatales de cooperación, como Fonprode y FIIAP, la inversión anual se aproxima a los 4.000 millones de euros, según estimaciones de la OCDE.
El caso de Distrito Drag ha generado dudas sobre la pertinencia del gasto, el destino del dinero y la efectividad real de estos programas fuera de España. Algunos analistas cuestionan, por ejemplo, cuántos indígenas LGTBIQIA+ existen realmente en Brasil y cuáles son las actividades concretas financiadas con fondos públicos españoles.
Expertos en políticas públicas advierten que la cooperación internacional se ha basado durante años en una presunción automática de legitimidad, lo que ha permitido, en ocasiones, que proyectos poco transparentes se beneficien de la menor supervisión en países con instituciones más débiles. Señalan que, si ya surgen irregularidades dentro de España, el control sobre programas internacionales es aún más complejo.
El debate recuerda precedentes internacionales, como la auditoría realizada en Estados Unidos a la agencia USAID durante la administración de Donald Trump, donde se detectaron programas de dudosa justificación y desvíos de fondos similares a los señalados en España.
En este contexto, aumenta la demanda ciudadana de mayor transparencia en el uso de fondos públicos, sobre todo ante la presión fiscal creciente y el encarecimiento general de la vida. Los ciudadanos reclaman criterios claros para priorizar proyectos en el extranjero frente a necesidades básicas dentro de los países receptores o incluso en España.
Aunque la cooperación internacional nació con fines solidarios, críticos de la gestión actual señalan que el sistema se ha ideologizado, combinando programas útiles con otros de impacto cuestionable. Por ello, muchos consideran urgente revisar cómo se distribuyen estos recursos públicos y garantizar que se destinen a proyectos con resultados medibles y claros.
La cuestión central sigue siendo: ¿Es justificable destinar fondos españoles a iniciativas cuya relación con el desarrollo tangible resulta difícil de comprobar, mientras existen regiones del mundo con carencias esenciales de alimentación y servicios básicos?
Los expertos que han analizado estos datos advierten que la etapa de los “cheques en blanco” para la cooperación internacional debería llegar a su fin, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos públicos.
