La justicia sigue acorralando al gobierno de Pedro Sánchez
La Audiencia Nacional ha dado un paso decisivo en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PSOE, al requerir al partido la entrega urgente de toda la documentación relacionada con los pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024. La orden procede del magistrado Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción nº 2, tras una solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción.
Diez días para entregar el listado completo de pagos en efectivo
El PSOE cuenta ahora con un plazo de diez días para remitir al juzgado el registro detallado de todos los desembolsos en efectivo, así como las facturas y justificantes que acrediten esos movimientos.
Además, la Fiscalía ha pedido la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que deberá analizar el contenido de los dispositivos electrónicos y cualquier evidencia digital relacionada: desde mensajes escritos hasta notas de voz que puedan aportar información sobre la gestión de esos pagos en la sede de Ferraz.
La investigación se vincula a las pesquisas del caso Koldo
Este procedimiento deriva de las diligencias practicadas por el Tribunal Supremo en el marco del conocido caso Koldo. Según Anticorrupción, aún no ha quedado aclarado el origen del efectivo que supuestamente habría utilizado el partido para realizar determinadas compensaciones económicas en metálico, entre ellas las relacionadas con el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y otros posibles beneficiarios.
Las explicaciones presentadas por el partido hasta ahora no han disipado todas las dudas. Aunque la documentación enviada indica que el dinero procedía de retiradas periódicas de cuentas bancarias, la Fiscalía considera que no existe una trazabilidad completa que permita confirmar si hubo pagos no registrados oficialmente ni clarificar todo el recorrido del efectivo.
Esta falta de claridad alimenta lo que el ministerio público describe como “incógnitas relevantes”, que podrían apuntar a conductas irregulares o incluso posibles delitos.
Advertencias del Supremo sobre posibles delitos graves
El Tribunal Supremo ya había señalado que los hechos investigados podrían encajar en delitos de especial gravedad, como blanqueo de capitales o un posible perjuicio económico para el propio partido, sin descartar la existencia de otras irregularidades adicionales.
Fue el pasado 31 de octubre cuando el Alto Tribunal decidió remitir el caso a la Audiencia Nacional tras identificar indicios suficientes para abrir una investigación separada. Antes de ese traslado, el magistrado Leopoldo Puente tomó declaración como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la empleada de Ferraz Celia Rodríguez. Pese a estas comparecencias, continuaban sin aclararse cuestiones clave, entre ellas:
- quién aprobaba los pagos en efectivo,
- qué procedimiento se seguía para justificarlos,
- y cuál era exactamente el origen del dinero usado.
La Audiencia Nacional toma el control de una investigación de alto impacto
Con esta nueva fase, la Audiencia Nacional asume directamente una investigación que sitúa bajo escrutinio las finanzas internas del partido en el Gobierno. El caso podría intensificarse si los documentos solicitados y los análisis de la UCO respaldan las sospechas iniciales.
