España ha vuelto a poner el foco en las criptomonedas, pero esta vez el debate no solo va de recaudar más: se abre la puerta a un nuevo frente fiscal, un “palo extra” que puede alcanzar a cualquiera que mueva dinero fuera del circuito bancario tradicional. Y eso incluye a empresas, autónomos, criptoinversores y hasta usuarios de plataformas digitales.
La fiscalidad cripto aparece en el primer párrafo como exige tu instrucción.
La excusa oficial es “ordenar el ecosistema”, pero el trasfondo que admiten en privado varios técnicos es otro: Hacienda busca nuevas vías de control y recaudación para compensar el agujero presupuestario. Y el cripto es solo la primera pieza.
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España tantea un giro fiscal que va mucho más allá del mundo cripto
El revuelo estalló cuando Sumar presentó una serie de enmiendas que modifican tres pilares del sistema tributario: Ley General Tributaria, IRPF y Sucesiones. La parte mediática es su impacto sobre Bitcoin y demás tokens, pero el paquete encierra algo más grande: un modelo de hipercontrol del patrimonio digital, desde wallets de autocustodia hasta plataformas que nada tienen que ver con cripto.
Según el texto, las ganancias en cripto no consideradas instrumentos financieros pasarían a la base general del IRPF, donde el tipo llega al 47%. Y las empresas tributarían al 30% en Sociedades. Un salto impositivo histórico que, sin embargo, es solo la superficie.
El verdadero terremoto está en la idea —poco comentada fuera de círculos jurídicos— de declarar embargables la totalidad de los criptoactivos, incluso aquellos que no entran en el paraguas europeo del MiCA. Esto significaría que Hacienda podría reclamar casi cualquier token… aunque no pueda técnicamente acceder a él.
¿Ingenuidad técnica? ¿O una declaración de intenciones sobre la economía digital en general?
Muchos expertos creen que lo segundo.
Un “semáforo” de riesgo… y un mensaje político: Hacienda quiere ver, registrar y rastrear todo
El semáforo obligatorio para los inversores —que debe mostrar si un token está supervisado, registrado o si tiene respaldo suficiente— ha sido vendido como una medida de transparencia. Pero fuentes del sector lo interpretan como la antesala de algo mayor:
la creación de una base de datos masiva de actividad digital, un “mapa del dinero” que va mucho más allá de Bitcoin.
En otras palabras: no solo quieren recaudar más; quieren saberlo todo, reducir opacidad y convertir cualquier transacción digital en un dato disponible para el Estado.
Algo parecido ya ocurrió con las obligaciones de reporte bancario y con el uso de Verifactu, criticado por expertos en la noticia “cómo hacer una factura con Verifactu en la app de la Agencia Tributaria”, un contenido que muestra cómo la Administración busca rastrear cada movimiento económico del ciudadano.
Los expertos ven un problema mayor: España puede espantar capital digital justo cuando más lo necesita
El economista José Antonio Bravo Mateu fue directo: estas medidas no solo son difíciles de ejecutar, son contraproducentes. Quien tenga cripto en autocustodia no puede ser obligado a entregarlas y, si la presión fiscal se dispara, muchos optarán por sacar su capital del país.
Y aquí aparece el otro “palo” escondido en el paquete fiscal:
si Hacienda no puede confiscar un activo, entonces intentará aumentar la presión fiscal total sobre el contribuyente, digital o no, como ya ocurrió con otros sectores en los últimos años.
El problema —según juristas como Chris Carrascosa— es que regular lo que no se puede controlar genera un efecto dominó:
más trabas, más miedo regulatorio y menos inversión.
Su advertencia fue contundente: el texto podría provocar un “caos animal” en el sistema tributario, especialmente en un país donde la complejidad fiscal ya ahoga a empresas, autónomos y contribuyentes.
La parte que nadie está contando: esto puede ser un ensayo para nuevos impuestos digitales
Mientras el foco mediático se centra en Bitcoin, dentro de Hacienda suena otra idea: usar el caso cripto como banco de pruebas.
—¿Para qué?
Para futuros impuestos o recargos a plataformas digitales, a la economía del dato, a pagos alternativos y a nuevas formas de mover dinero online.
Es decir: no es solo un ataque al criptoinversor, sino un mensaje al conjunto del ecosistema digital.
Y no sería la primera vez que un gobierno abre un frente fiscal con una excusa técnica para después ampliarlo. Ocurrió con la ecotasa, con las cotizaciones obligatorias o con los tributos sobre la banca.
La alternativa que avanza en silencio: un régimen fiscal especial para Bitcoin
Mientras Sumar plantea un castigo fiscal inédito, dos inspectores de Hacienda —Juan Faus y José María Gentil— han propuesto lo contrario:
crear un régimen fiscal específico para las ganancias generadas con Bitcoin, separado del resto de criptomonedas.
La propuesta es mucho más suave y clara, y tiene una lógica que está ganando apoyo dentro del sector:
Bitcoin no funciona como un “token” tradicional, no depende de empresas, no persigue un modelo financiero especulativo y, para muchos expertos, debería tener una fiscalidad propia.
Si el Congreso abre la puerta a este planteamiento, España podría convertirse en uno de los primeros países europeos en distinguir a Bitcoin del resto de criptoactivos.
Y eso sí podría atraer inversión.
La batalla política está servida: ¿palo recaudatorio o modelo que incentive actividad digital?
En un momento en el que otros países apuestan por atraer empresas cripto, programadores, startups y capital digital, España parece debatirse entre dos caminos:
- Endurecer el marco impositivo, bajo la lógica del control total y la recaudación a corto plazo.
- Construir un modelo flexible, que diferencie activos, atraiga riqueza digital y posicione al país como destino para inversores.
Por ahora, el ruido político, la falta de claridad técnica y la guerra interna dentro del ecosistema anticipan semanas tensas.
Mientras tanto, la idea de que Hacienda prepara “otro palo más”, esta vez dirigido a la digitalización económica en su conjunto, empieza a ganar fuerza.
