La Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente exigen respeto institucional al los responsables públicos y alertan del daño a la democracia que causan
Ante la cacería desatada por políticos, miembros del Ejecutivo y prensa subvencionada contra el Supremo por emitir un veredicto desfavorable a los intereses del Gobierno y condenar al fiscal general del Estado, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente publicaron este jueves un comunicado conjunto en defensa del Poder Judicial.
Ambas organizaciones reaccionaron a las críticas de responsables políticos, incluidos miembros del Gobierno, tras la condena del fiscal general por el Supremo. Las asociaciones expresaron su “profunda preocupación” por el descrédito que esas declaraciones generan al Poder Judicial.
Consideran que cuestionar la imparcialidad de los jueces o insinuar motivaciones políticas “alimenta un relato falso y muy dañino”: el de que las sentencias responden a afinidades ideológicas y no al análisis riguroso de los hechos y del Derecho.
Críticas antes de conocer la sentencia completa
Las entidades destacaron que varios políticos valoraron la resolución “cuando el contenido íntegro de la sentencia aún no se conoce”, lo que hace “aún más improcedente cualquier intento de desacreditar la labor judicial”.
También rechazaron hablar de etiquetas para referirse a los jueces, pues “evidencia un claro desconocimiento de cómo funciona la Justicia en España”.
Las asociaciones recordaron que “los jueces resuelven conforme a derecho, sometidos exclusivamente al imperio de la ley”, tal como establece el artículo 117.1 de la Constitución. Los votos particulares demuestran “discrepancia jurídica y la riqueza técnica del sistema”, no división ideológica.
Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente exigieron a los cargos públicos “ser especialmente cuidadosos” al valorar decisiones judiciales. Las insinuaciones de parcialidad “generan una presión inaceptable sobre la función jurisdiccional” y ponen en riesgo la separación de poderes.
La independencia judicial protege al ciudadano
Las asociaciones subrayaron que “la independencia judicial no es un privilegio de los jueces; es una garantía para el ciudadano”. Por eso apelaron a todos los poderes públicos, especialmente al Gobierno, para que “contribuyan al clima de respeto institucional que la ciudadanía exige y que la Constitución garantiza”.
Cuestionar sin fundamento la labor de los jueces “solo incrementa la desconfianza y agrava la división”. Las dos asociaciones concluyeron que preservar la confianza en la Justicia constituye “una obligación democrática de primer orden”.
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