Según informaciones, Acciona se impuso en la valoración técnica frente a otras seis candidatas
La empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente, adjudicó en noviembre de 2024 las obras del nuevo edificio de viajeros de la estación de Barcelona Sants. La concesión, valorada en más de 153 millones de euros, fue otorgada a una UTE liderada por Acciona junto a Copcisa, tan solo unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio ministro Puente coincidieran en India con directivos de la compañía. Esta visita oficial tuvo lugar mientras en España se vivía la emergencia provocada por la DANA, que dejó numerosas víctimas mortales.
La actuación en Barcelona Sants es considerada una de las más relevantes y disputadas del país por su impacto económico y estratégico. Según la información adelantada por The Objective, Acciona se impuso técnicamente a otras seis licitadoras. A pesar de que su oferta no era la más económica, la mesa de contratación estimó que ofrecía la mejor relación calidad-precio.
Coincidencia temporal con el viaje oficial a India
El 29 de octubre de 2024 —seis días antes de la adjudicación— Sánchez y Puente participaron en un acto institucional en India organizado por la Fundación Consejo España-India, presidida por Juan Ignacio Entrecanales, vicepresidente de Acciona. La compañía fue una de las empresas destacadas de la delegación empresarial invitada por el Gobierno durante ese viaje.
Investigaciones sobre pagos irregulares
El nombre de Entrecanales aparece mencionado en un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una investigación sobre posibles pagos irregulares vinculados a adjudicaciones públicas. De acuerdo con estas diligencias, el directivo habría estado citado para una reunión con Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, con el fin de explorar una posible colaboración relacionada con permisos de explotación minera en Navarra. Desde el entorno del vicepresidente de Acciona sostienen que la reunión nunca llegó a producirse.
Según los investigadores, Acciona habría mantenido una relación continuada con Servinabar que serviría, presuntamente, para canalizar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Esta operativa es conocida como la “trama del 2%”. En ella, el supuesto enlace político sería Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a quien se atribuye el papel de mediador entre empresa y administración a cambio de presuntas mordidas que podrían ascender a unos siete millones de euros.
Las diligencias apuntan a que Servinabar actuaba como empresa pantalla, sin capacidad real para ejecutar grandes proyectos, pero participaba en UTE junto a grandes constructoras para recibir beneficios desproporcionados. Parte de esos ingresos, siempre según la UCO, habrían cubierto gastos personales de Cerdán, como viajes y el uso de inmuebles en Madrid, entre ellos un ático con un alquiler superior a los 3.000 euros mensuales.
Otros proyectos bajo investigación
Entre las actuaciones investigadas figura la reforma del Puente del Centenario de Sevilla, licitada en un inicio por 71 millones y finalmente encarecida hasta los 84 millones. La Guardia Civil señala que Servinabar, pese a tener un papel testimonial y contar únicamente con un trabajador asignado —familiar de Cerdán—, habría obtenido cerca de dos millones de euros de beneficio neto.
Un movimiento clave dentro de ADIF
La adjudicación de las obras de Barcelona Sants fue firmada por Juan Pablo Villanueva, entonces director general de ADIF Alta Velocidad y considerado una de las figuras de mayor confianza de la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera. Villanueva fue ascendido en marzo al puesto de director general de Negocio de ADIF, aunque su etapa en ese cargo duró solo cuatro meses, coincidiendo con la imputación judicial de Pardo de Vera.
