Pedro Sánchez vuelve a tensar las costuras institucionales del país. El Gobierno ha decidido sortear el debate en el Senado para aprobar los Presupuestos Generales del Estado utilizando una vía legal que, aunque posible, nunca debería convertirse en norma. Una maniobra que no solo evita el control de la Cámara Alta, sino que revela la auténtica prioridad del Ejecutivo: satisfacer a quienes sostienen su frágil mayoría, a cualquier precio.
La oposición denuncia un atropello institucional sin precedentes, pero dentro del propio socialismo también se respira incomodidad. La pregunta flota en el aire:
¿Qué teme Sánchez del Senado para querer silenciarlo a toda costa?
Unos presupuestos diseñados para pagar la factura de la investidura
El Ejecutivo insiste en que las cuentas son “para todos los españoles”, pero al analizarlas de cerca, los números cuentan otra historia. Las comunidades que más presionaron durante la investidura —Cataluña y País Vasco— salen beneficiadas con incrementos multimillonarios, mientras otras regiones continúan desangrándose en silencio.
Lo que se presenta como “cohesión territorial” es, en realidad, el precio de un pacto que mantiene a Sánchez en la Moncloa.
El mismo patrón ya se vio en políticas recientes del Gobierno, como denunció este medio en El Gobierno activa una nueva cotización obligatoria que reducirá las nóminas hasta 95 euros al año (https://labandera.es/el-gobierno-activa-una-nueva-cotizacion-obligatoria-que-reducira-las-nominas-hasta-95-euros-al-ano/), una medida que volvió a impactar en los trabajadores mientras se hacían concesiones millonarias a socios separatistas.
La gran sombra: la amnistía que condiciona cada céntimo
No se puede entender la aceleración de los Presupuestos sin mirar el elefante en la habitación: la amnistía.
El Gobierno necesita mantener satisfechos a quienes garantizan sus votos en el Congreso, especialmente ahora que los plazos judiciales comienzan a estrecharse y las presiones internas del PSOE se intensifican.
Los PGE se han convertido en una moneda de cambio. No es ninguna novedad en la política española, pero la magnitud de las cesiones y la falta de debate público sí marcan un antes y un después.
Es el mismo clima de opacidad denunciado en otras actuaciones del Ejecutivo, como recogió la noticia El próximo informe de la UCO pondrá en jaque a Ángel Víctor Torres (https://labandera.es/el-proximo-informe-de-la-uco-pondra-en-jaque-a-angel-victor-torres-y-lo-acercara-a-la-imputacion-por-la-trama-de-las-mascarillas/), donde también quedó claro que el Gobierno teme más a la transparencia que a la crítica.
El rodillo parlamentario vuelve a pasar factura
Para evitar el debate en el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta— el Gobierno ha decidido recurrir a un procedimiento exprés que reduce al mínimo el control de la Cámara Alta.
Una estrategia que la oposición ya califica de “golpe institucional blando”.
¿El motivo real? Impedir que el Senado exponga públicamente los agujeros y contradicciones de los PGE.
Porque un debate con cifras sobre la mesa podría revelar:
Gastos inflados en ministerios que duplican funciones.
Inversiones territoriales desequilibradas según intereses políticos.
Proyecciones de ingresos poco realistas para sostener promesas millonarias.
Subidas fiscales encubiertas que afectarán a autónomos y trabajadores.
Mientras tanto, Sánchez continúa con su estrategia de desgaste institucional. No es un caso aislado: ya vimos cómo se presionaba al Poder Judicial en la crisis por los sobres de Ferraz, destapada en la exclusiva La UCO revela que José Luis Ábalos y Koldo García recibieron sobresueldos en efectivo del PSOE (https://labandera.es/la-uco-revela-que-jose-luis-abalos-y-koldo-garcia-recibieron-sobresueldos-en-efectivo-del-psoe/).
El patrón es claro: cuando las instituciones molestan, se esquivan.
Consecuencias para la economía española
Detrás del ruido político hay algo más serio: estos Presupuestos condicionarán el futuro económico de España en un momento de máxima fragilidad.
Expertos advierten de que:
El gasto público se dispara mientras los ingresos reales no acompañan.
Se apoyan previsiones de crecimiento que ni el Banco de España respalda.
Se comprometen fondos estructurales para contentar a socios que no garantizan estabilidad.
Las comunidades más perjudicadas verán frenados proyectos esenciales de infraestructura y servicios públicos.
La afirmación del Gobierno de que “España avanza” suena cada vez más a lema publicitario. Más aún cuando la presión fiscal sube silenciosamente —como ya denunció este medio en múltiples ocasiones— mientras el Ejecutivo presume de superávit social.
¿Qué queda del debate democrático?
El Senado podría no tener capacidad para derribar los PGE, pero sí desempeña un papel esencial: controlar, debatir, escrutar y corregir.
Al anular ese espacio, Sánchez no solo acelera un trámite: debilita el sistema.
Y lo más preocupante no es el atajo en sí, sino la normalización del método.
Si un presidente puede saltarse el debate parlamentario sin consecuencias, ¿qué podrá saltarse mañana?
Sánchez sigue gobernando a base de urgencias… y urgencias políticas
El Gobierno se envuelve en la bandera del “progreso”, pero cada vez resulta más evidente que la prioridad no es España, sino la supervivencia de una mayoría parlamentaria fragmentada y condicionada.
Los Presupuestos que hoy se aprueban a toda prisa marcarán el rumbo del país durante años. Y lo harán sin el debate sereno que exige una democracia madura.
Para muchos, es el golpe definitivo a una legislatura construida sobre cesiones, desgaste institucional y un presidente que ha hecho del atajo su forma habitual de gobernar.
