Las acusaciones populares piden 30 años de cárcel para ambos, alegando un aprovechamiento sistemático del poder público en plena crisis sanitaria
José Luis Ábalos y Koldo García, figuras centrales en el escándalo de corrupción por el amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia, mantienen una estrategia coordinada de no colaboración con la Justicia.
Según revela un análisis detallado de sus defensas ante el Tribunal Supremo, ambos rechazan todas las acusaciones, negando cualquier delito y limitándose a un pacto de no agresión que evita mutuas delaciones.
El juez Leopoldo Puente podría endurecer las medidas cautelares en una vistilla prevista para este jueves, incluyendo posible prisión provisional sin fianza para Ábalos, quien actualmente solo enfrenta comparecencias quincenales y retirada de pasaporte.
Comisiones ilícitas
El caso Koldo, que sacude los cimientos del PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez, investiga cómo Ábalos, exministro de Transportes, y su exasesor Koldo García presuntamente organizaron una red para adjudicar contratos públicos de mascarillas defectuosas a cambio de comisiones ilícitas millonarias.
La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos por delitos como organización criminal, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada, y 19 años y medio para Koldo.
Las acusaciones populares elevan la solicitud a 30 años para ambos, alegando un aprovechamiento sistemático del poder público en plena crisis sanitaria de 2020.
La coordinación entre defensas es evidente: ambos recursos de apelación contra el procesamiento presentado esta semana son idénticos en forma y fondo.
El argumento: la indefensión
Argumentan indefensión por el acceso denegado a dispositivos móviles con supuestas evidencias, una investigación «prospectiva e indiscriminada» y un suplicatorio «mal planteado» en el Congreso para levantar el aforamiento de Ábalos.
Califican las peticiones fiscales como una «amenaza premeditada» para forzar a Ábalos a dimitir como diputado y «meter miedo» a Koldo, ante la supuesta falta de pruebas reales.
Ábalos, en un mensaje en redes sociales, denunció: “Es una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas adobada con una estratégica petición de vistilla del Art. 505 de la LECrim para forzar una conformidad ante la falta de evidencias reales”.
Entornos cercanos a los investigados insisten a Artículo 14 en que el fiscal jefe Alejandro Luzón actúa con sesgo, asumiendo el rol de «director jurídico del equipo policial«. También adoptando tesis acusatorias sin base.
Puente, alineado con la Fiscalía, busca intensificar la presión para romper el muro de silencio. Si la vistilla sale adelante, podría complicar la estrategia de negación absoluta, que hasta ahora ha evitado que uno delate al otro.
Se agrava la crisis en el PSOE
Este blindaje mutuo agrava la crisis en el PSOE, donde el caso ya ha salpicado a Santos Cerdán y amenaza con extenderse al núcleo de la era Sánchez.
Mientras la opinión pública exige transparencia, Ábalos y Koldo apuestan, como señala Artículo 14, por la impugnación procesal en lugar de la delación, priorizando la lealtad sobre la redención judicial. La Justicia, por su parte, no parece dispuesta a ceder: el jueves podría ser el punto de inflexión.
