España contiene el aliento mientras las cifras de la tragedia no dejan de aumentar. El accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, se ha cobrado ya un precio terrible: el número de fallecidos se eleva a 41 víctimas mortales tras el hallazgo de un nuevo cadáver bajo los restos retorcidos de los vagones. Los servicios de rescate, que trabajan sin descanso día y noche, han confirmado este sombrío balance mientras continúan las labores de desescombro en lo que se ha convertido en la zona cero del dolor nacional. Además, 39 personas permanecen hospitalizadas, 13 de ellas luchando por su vida en la UCI, y hay registradas hasta 43 denuncias por desaparición, lo que hace temer que la cifra final de muertos pueda ser aún mayor.
El siniestro, que implicó el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y el posterior impacto de un Alvia Madrid-Huelva, ha conmocionado al país. Las investigaciones preliminares se están centrando en el «vagón 6» del convoy de Iryo, identificado como el punto de origen del desastre. Fue este coche el primero en salir de la vía, desencadenando la secuencia fatal que llevó a la invasión del carril contrario y al choque con el tren que venía de frente.
La Guardia Civil ordena inmovilizar el vagón clave
Dada la importancia capital de este elemento para esclarecer los hechos, la Guardia Civil ha solicitado formalmente la inmovilización del vagón 6. Los agentes de la policía judicial y los peritos necesitan realizar un examen exhaustivo de su estructura, sus ruedas y sus sistemas de frenado «in situ», antes de que sea retirado por las grúas de gran tonelaje que ya operan en la zona. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta petición, señalando que hay «muchas piezas del puzle que hay que casar» para entender por qué descarriló un tren moderno en una vía supuestamente segura.
La investigación judicial ha recaído en la jueza Cristina Pastor Recover, titular del Juzgado de Montoro, quien dirigirá las pesquisas con un equipo reforzado «mora, juez y funcionarios» debido a la complejidad y magnitud del caso. El objetivo es determinar si hubo fallos mecánicos, humanos o de infraestructura. Se investiga también la vía, ante la hipótesis de una posible rotura del raíl previa al paso del tren, aunque Puente ha insistido en que el tramo había sido renovado hace apenas ocho meses y no había dado problemas. Esta afirmación choca con la inquietud de las familias, que esperan respuestas rápidas y veraces, como se refleja en el proceso de identificación mediante ADN que está llevando a cabo la Guardia Civil con los familiares en Adamuz.
La liberalización ferroviaria bajo la lupa
El accidente de Adamuz tiene lugar en un contexto de profunda transformación del sistema ferroviario español, marcado por la liberalización y la entrada de nuevos operadores. Iryo, el consorcio participado por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, es uno de los actores clave en este nuevo escenario competitivo, operando con trenes Frecciarossa de última generación, considerados entre los más avanzados de Europa. Sin embargo, este siniestro plantea interrogantes sobre los protocolos de coordinación y seguridad en una red donde ahora conviven múltiples empresas y modelos de trenes. Aunque no hay indicios de que la liberalización haya reducido los estándares de seguridad per se, la gestión de un tráfico cada vez más denso y diverso exige una vigilancia extrema por parte del administrador de la infraestructura, Adif. El accidente obligará, sin duda, a revisar los procedimientos de interacción entre los operadores privados y el gestor público para garantizar que la competencia comercial no erosione ni un milímetro los márgenes de seguridad.
El escenario en Adamuz es dantesco. Dos grúas más se han incorporado a los trabajos para levantar los vagones volcados, una tarea titánica que se desarrolla entre hierros retorcidos y el silencio respetuoso de los equipos de emergencia. Renfe ha tenido que poner en marcha un plan de transporte alternativo, asumiendo que la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanecerá cortada probablemente hasta principios de febrero. El impacto en la movilidad es enorme, pero queda eclipsado por la magnitud de la pérdida humana.
Un país de luto y preguntas sin respuesta
Las reacciones políticas e institucionales se suceden, desde minutos de silencio en asambleas autonómicas hasta declaraciones de condolencia de líderes internacionales. Sin embargo, en el terreno, lo que prima es la desolación. Vecinos de Adamuz, familiares de las víctimas y profesionales sanitarios describen una atmósfera de «dolor absoluto». «Me desmayé al saber que no quedaban más heridos», confesaba un familiar, resumiendo el horror de pasar de la esperanza a la certeza de la muerte.
Este accidente pone a prueba no solo la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia de España, sino también la confianza en su red ferroviaria de alta velocidad, una de las joyas de la corona de la infraestructura nacional. Con Iryo, una empresa privada con inversión italiana, implicada en el siniestro, el caso adquiere también ramificaciones corporativas y de competencia en el liberalizado mercado ferroviario. Pero hoy, por encima de marcas y siglas, solo hay un nombre que resuena con dolor: Adamuz.
