El sistema ferroviario español muestra un gran desgaste y deterioro sin que se hayan afrontado las inversiones necesarias
El grave accidente ferroviario registrado el pasado domingo en Adamuz, donde un descarrilamiento seguido de una colisión entre dos trenes de alta velocidad dejó al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos, no puede interpretarse como un hecho aislado. Las cifras oficiales dibujan un panorama preocupante para el sistema ferroviario español: desde 2019 se han contabilizado más de 110 descarrilamientos en la red nacional, un dato que apunta a un deterioro sostenido de la infraestructura y de los procedimientos de gestión.
El siniestro de Adamuz, el más letal de los últimos años, ocurrió además en un tramo que ya acumulaba antecedentes negativos. Según los registros de Adif, desde 2022 se han producido al menos una veintena de incidencias en este punto de la provincia de Córdoba. Problemas recurrentes en la catenaria, fallos técnicos y repetidas interrupciones del servicio habían situado este segmento de la red entre los más conflictivos antes del accidente mortal.
Los datos oficiales cuestionan el discurso del accidente puntual. Los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) reflejan que, desde 2019, se han iniciado algo más de veinte investigaciones formales. No obstante, las memorias anuales elevan el número total de descarrilamientos notificados por encima del centenar. En determinados ejercicios, como 2023, se alcanzaron picos cercanos a los 25 incidentes en un solo año. Aunque muchos de ellos no provocaron víctimas, la reiteración de los sucesos revela deficiencias estructurales persistentes.
Este diagnóstico coincide con las advertencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). En su informe anual correspondiente a 2025, el organismo identificó diez accidentes relevantes, entre ellos cuatro descarrilamientos y tres colisiones. Además, se registraron dos fallecidos en pasos a nivel y seis heridos graves en otros incidentes. La AESF subraya la repetición de causas comunes: problemas técnicos, errores humanos, fallos de supervisión y deficiencias en los sistemas de comunicación. El informe también alerta sobre riesgos emergentes, como la gestión inadecuada de trenes averiados remolcados o la ausencia de elementos básicos de seguridad, circunstancias presentes en varias investigaciones abiertas.
La evolución de los últimos años refuerza esta conclusión. En 2019, una colisión frontal entre dos trenes de Renfe en Castellgalí causó una víctima mortal y más de un centenar de heridos. Posteriormente, se sucedieron descarrilamientos en puntos como León, El Prat de Llobregat, Villamuriel de Cerrato o Vila-seca, junto a incendios, alcances y accidentes con mercancías peligrosas implicadas. En 2024 y 2025 se añadieron nuevos episodios en comunidades como Madrid, Málaga, Navarra, Galicia y Castilla y León, algunos con consecuencias mortales y otros con importantes daños materiales.
En la actualidad, la CIAF mantiene abiertas siete investigaciones, incluida la del accidente de Adamuz. Los expedientes analizan descarrilamientos de trenes de alta velocidad, incidentes con composiciones remolcadas sin control suficiente, fallos de comunicación entre responsables de circulación y colisiones con vehículos que invadieron la vía. A estos casos se suman otros sucesos recientes que, aunque no dejaron víctimas, provocaron importantes interrupciones del servicio y afectaron a miles de viajeros.
El patrón que emerge es claro. Deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura, problemas en el material rodante, aplicación desigual de los protocolos de seguridad y decisiones operativas cuestionables configuran un escenario de riesgo continuado. Adamuz no fue una excepción imprevisible, sino el episodio más trágico de una cadena de advertencias que se prolonga desde hace años.
