La empresa ‘Áridos Anfersa’ triplicó sus subvenciones públicas
Adif, la entidad pública responsable de la gestión de las infraestructuras ferroviarias y dependiente del Ministerio de Transportes, adjudicó en 2022 un contrato valorado en más de 5,26 millones de euros para el suministro de balasto destinado a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La operación, que ha vuelto a generar controversia tras el reciente descarrilamiento en Córdoba con numerosas víctimas mortales, tuvo como una de sus principales beneficiarias a Áridos Anfersa, empresa en la que trabajaba la entonces pareja de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
El contrato, firmado en mayo de ese año, contemplaba el suministro de 275.000 toneladas de piedra triturada, un material crítico para la estabilidad y seguridad de las vías del AVE. Se trataba de balasto tipo 1, la categoría de mayor calidad y coste, sujeta a estrictos controles técnicos y de homologación.
La adjudicación recayó en una unión temporal de empresas (UTE) formada por Áridos Anfersa SL, Áridos Técnicos SA y Aritec Almonacid SL. Áridos Anfersa explotaba la cantera de El Parroso, ubicada en Villanueva del Río y Minas (Sevilla), una instalación que, según denunciaron empresas competidoras excluidas del concurso, no contaba con la certificación de calidad exigida por Adif para el suministro de balasto de alta velocidad.
Las alertas no se centraron únicamente en la falta de homologación. Las compañías que quedaron fuera de la licitación advirtieron que la oferta ganadora presentaba una rebaja superior al 11% respecto al presupuesto base, un descuento considerado anormalmente bajo en un sector donde los costes de extracción, tratamiento y transporte son elevados. Desde la patronal de productores de áridos ya se había advertido de que precios tan ajustados podían comprometer la calidad del material suministrado.
A este contexto se sumó la relación personal: en 2022, Áridos Anfersa abonó cerca de 7.800 euros a Patricia Úriz Iriarte, entonces pareja de Koldo García, quien mantenía una posición de influencia en el entorno del Ministerio de Transportes y posteriormente sería investigado por la UCO de la Guardia Civil por presuntas irregularidades en contratos públicos.
Las empresas Áridos y Recuperaciones SLU y Santiago Carmona SA impugnaron la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, alegando que la UTE no cumplía los requisitos de solvencia técnica. También solicitaron acceso a la documentación técnica de la oferta ganadora, una petición que Adif rechazó alegando confidencialidad y protección de secretos comerciales.
Uno de los puntos más controvertidos del expediente era que la cantera de El Parroso figuraba como “desestimada” en los registros internos de Adif, lo que implicaba que no había superado los controles necesarios para suministrar balasto al AVE. La única cantera homologada dentro de la UTE era La Marina, propiedad de Áridos Técnicos SA, situada en Almonacid de Toledo, a más de 450 kilómetros del tramo andaluz donde debía utilizarse el material.
Desde el punto de vista logístico, las empresas excluidas consideraban inviable transportar tal volumen de piedra desde esa distancia sin que los costes se disparasen. Según fuentes del sector, solo cabían dos opciones: asumir pérdidas económicas o utilizar material de menor calidad que no cumpliera los estándares técnicos exigidos para la alta velocidad.
Pese a estas advertencias, el tribunal respaldó la posición de Adif, que defendió que bastaba con que una de las canteras de la UTE acreditara la solvencia técnica requerida. Asimismo, rechazó que existieran pruebas concluyentes del uso de explotaciones no autorizadas.
A este caso se suman otros episodios llamativos, como la coincidencia del administrador de Áridos Anfersa con Ábalos y Koldo García en un parador de Granada en 2021, o la localización por parte de la Guardia Civil de un directivo de las empresas adjudicatarias en una reunión con Koldo en Pamplona en 2023, cuando ya no ocupaba un cargo oficial.
Tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, el contrato vuelve a situarse bajo el foco mediático y político. Aunque hasta el momento no se ha establecido una relación directa entre el suministro de balasto y el siniestro, el caso ha reabierto el debate sobre los controles de calidad, la trazabilidad de los materiales y la transparencia en la contratación pública de infraestructuras críticas para la seguridad ferroviaria.
Ni Adif ni las empresas implicadas han vinculado oficialmente el descarrilamiento con este contrato. Sin embargo, la polémica refuerza la presión para revisar en profundidad los procedimientos y garantizar que los materiales utilizados en la red de alta velocidad cumplan con los máximos estándares de seguridad y calidad.
