Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso Koldo, ha descrito con detalle lo que él llama “el sistema perfecto” para el amaño de contratos públicos en España. Según su versión, dentro de algunos ministerios operaba una red de intermediarios que decidía qué empresa ganaría cada licitación antes incluso de publicarse el concurso.
“Ya se sabía quién ganaba antes de abrir los sobres”, declaró en una entrevista reciente.
Esa declaración conecta con otras piezas del caso, como la UCO registra la casa de Ábalos y UCO: organización criminal en la cúpula del PSOE.
Las claves del método, según su versión
- Información anticipada. Las empresas “de confianza” recibían detalles de los pliegos antes de su publicación.
- Mejoras a medida. Se incluían requisitos que solo una compañía podía cumplir.
- Validación política. Los intermediarios buscaban una “luz verde” en despachos de alto nivel.
- Comisiones por éxito. Si el contrato se adjudicaba, el intermediario cobraba un porcentaje “en efectivo”.
- Opacidad fiscal. Parte de esos pagos, según él, se canalizaban a través de facturas de obras o servicios ficticios.
Aldama sostiene que todo el proceso era “tan perfecto que parecía legal”, aunque reconoce que no siempre supo qué parte del dinero “acababa en manos de quién”.
Un patrón que recuerda a los casos de medio millón al mes de una petrolera venezolana y al papel del director de Carreteras y la trama del Campo de Gibraltar.
Qué dicen los investigadores
Los informes de la Guardia Civil apuntan a prácticas similares, aunque la investigación sigue abierta. No hay condenas firmes ni verificación judicial de las acusaciones.
En contratos vinculados a la pandemia, los agentes investigan adjudicaciones a empresas privadas y pagos opacos, como los descritos en contratos millonarios de mascarillas en plena pandemia y cómo se fraguó el negocio de las mascarillas.
Lo que queda por probar
Aldama promete aportar documentos que respalden sus palabras. De momento, las diligencias judiciales se centran en contratos de material sanitario y en movimientos de dinero vinculados a sociedades pantalla.
Fuentes próximas a la investigación recuerdan que “las declaraciones de los imputados se valoran, pero deben acompañarse de pruebas verificables”.
Aldama también alude a reuniones y presiones políticas que habrían acompañado ciertas adjudicaciones. En este terreno aparece el capítulo del rescate de aerolíneas, analizado en la Oficina de Conflicto de Intereses obligada a investigar el rescate de Air Europa.
El trasfondo económico alcanza incluso a decisiones presupuestarias mayores, como 167 millones en un solo día a fondos internacionales y a la empresa Indra.
Un patrón que se repite
Expertos en contratación pública consultados señalan que los puntos débiles del sistema —los pliegos técnicos, la valoración de “mejoras” y la falta de controles cruzados— facilitan la captura del proceso por redes de confianza.
El propio Tribunal de Cuentas lleva años alertando de “riesgo estructural de fraude” en adjudicaciones de emergencia, especialmente durante el COVID-19.
Por qué importa
Aunque las afirmaciones de Aldama deben ser contrastadas, su relato aporta una radiografía inédita del funcionamiento interno de las licitaciones públicas cuando se mezclan poder político y dinero privado.
Más allá de los nombres
Aunque muchas de las afirmaciones de Aldama siguen bajo investigación, su relato deja una pregunta abierta:
¿Está la administración preparada para blindar los concursos públicos frente a la política y los intereses privados?
Para un enfoque humano del caso, también puedes leer Koldo y Ábalos: pagos ‘en chistorras’ en un restaurante de carretera.
