En plena oleada de escándalos de acoso que afecta a su partido, la ministra resucita el proyecto que regula a los expertos en detectar machismo
Formación universitaria de comisarios políticos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, desaparecida ante los escándalos de denuncias de mujeres de su partido contra cabecillas socialistas, ha reaparecido para aportar la consabida solución del fanatismo ideológico con el anuncio de un anteproyecto de ley para inventar una titulación específica de “agente de género”.
«Queremos garantizar la calidad de los servicios de igualdad», subrayó Redondo en declaraciones recogidas por ABC. Esta certificación profesional, según Redondo, era «una aspiración largamente acariciada» tanto por el sector profesional de los agentes de igualdad como por los movimientos feministas.
En cuanto a lo que afecta estos días al PSOE, con casos de presunto acoso dentro del mismo recinto de Moncloa (Salazar) los agentes de género podrían dedicarse a elaborar los protocolos anti acoso o participar como técnicos en las comisiones de igualdad.
«Aspiración histórica» del PSOE feminista de los escándalos de acoso
En concreto, la regulación servirá para acreditar profesionalmente a los comisarios políticos “agentes de género” que ya existen. El texto legislativo de la nueva cortina de humo de los escándalos regulará la profesión de quienes se encargan de «diagnosticar las actividades que repercuten en la desigualdad» o de proponer nuevas políticas públicas feministas.
Según recoge el citado medio, hoy se pueden cursar en numerosos campus másteres ideológicos sobre “Estudios de Género” y otros chiringuitos, pero nunca habían existido grados con la excepción de la muy progresista Universidad Autónoma de Barcelona y sus utilísimos “Estudios Socioculturales de Género”.
La figura del agente de igualdad sería la responsable de identificar las conductas machistas. Al crear una titulación oficial específica para ser agente de igualdad, se pretende evitar que personas sin preparación adecuada ejerzan esta profesión (intrusismo), además de certificar la formación técnica de quienes ya trabajan en el ámbito y ofrecer mayor seguridad jurídica al sector.
Según ha indicado Redondo, habrá un periodo de transición de 10 años para obtener esta nueva certificación acreditando experiencia previa. Esto significa que, durante la próxima década, podrán certificarse aquellas personas que tengan un título de grado universitario o de FP superior y que demuestren haber trabajado tres años seguidos en el sector (o cinco años en total, aunque no consecutivos).
