También se obligará a los miembros a acoger solicitantes de asilo de países receptores saturados o pagar 20.000 euros por cada uno que rechacen
Los ministros del Interior de la Unión Europea alcanzaron este lunes en Bruselas un acuerdo para agilizar las expulsiones de inmigrantes rechazados, cuya solicitud de asilo haya sido denegada. En su permanente política de descontrol migratorio, el Ejecutivo de Sánchez, representado por Marlaska, rechazó la iniciativa.
El pacto relaja las condiciones para considerar países terceros como seguros y permite enviar a los rechazados a naciones distintas de su origen siempre que la UE los catalogue como seguras.
El paquete incluye la creación de centros de procesamiento y retorno en países extracomunitarios donde la UE enviará directamente a quienes pierdan su petición de protección. Además, introduce castigos más severos para quienes se nieguen a abandonar el territorio europeo.
Marlaska alegó en la reunión de ministros de la UE que se opone a la medida, porque cuestiona su efectividad y su compatibilidad con los Derechos Humanos (los de los solicitantes, no los de los europeos que los mantienen y sufren la explosión de criminalidad importada en sus calles).
Centros de retorno fuera de la UE y sanciones más duras
«Es realmente importante que transmitamos a los ciudadanos la sensación de que controlamos lo que está ocurriendo», declaró este lunes el comisario europeo Magnus Brunner, principal impulsor del cambio de rumbo en la política migratoria comunitaria.
El acuerdo requiere aún el visto bueno del Parlamento Europeo para entrar en vigor. Sin embargo, la bondad de la medida queda demostrada, porque generó indignación en la izquierda de la Eurocámara, que permanentemente aboga por medidas para el suicidio de la civilización occidental.
Acoger solicitantes o pagar 20.000 euros por plaza rechazada
Los 27 también cerraron un nuevo mecanismo de reparto obligatorio de solicitantes de asilo que entrará en vigor en junio del próximo año con el fin de aliviar la presión sobre países de primera llegada como Italia y Grecia.
El preacuerdo, recogida por El Debate, no detalla si España está incluida entre los damnificados por el descontrol migratorio. La medida contempla que el resto de Estados miembros deberán acoger un número determinado de solicitantes o, en su defecto, pagar 20.000 euros por cada uno que no acepten.
La distribución concreta de plazas aprobada este lunes permanece confidencial. La negociación resultó especialmente complicada, pues pocos gobiernos mostraban disposición inicial a recibir solicitantes trasladados desde otros socios europeos.
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