Encarnación Galván y otros funcionarios imputados enfrentan cargos por contratar la empresa de una consejera de una entidad municipal
La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra la socialista, Encarnación Galván, concejal de Cultura en Las Palmas de Gran Canaria entre 2019 y 2023 por el PSOE, por adjudicaciones irregulares de contratos por 2,25 millones de euros a Qué Tal Estás S.L., la empresa de la coreógrafa Natalia Medina, consejera municipal.
Galván y los gerentes, también imputados, no tomaron ninguna medida para evitar el favoritismo con la empresa de Natalia Medina ni acción alguna para evitar el conflicto de intereses que supone contratar con una compañera del consejo de administración, antes al contrario, le adjudicaron directamente desde 2019 a 2025 contratos por importe de más de dos millones de euros.
La alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias (PSOE), declinó hacer comentario alguno hasta conocer en detalle el escrito de la Fiscalía. El fiscal detalló que la empresa de Medina estaba legalmente impedida de celebrar ningún contrato con la Sociedad de Promoción desde que la nombraron consejera, ya que su interés privado comprometía su imparcialidad e independencia en el desempeño del cargo de consejera.
Conflicto de intereses evidente en las adjudicaciones irregulares
La compañía facturó esa cantidad principalmente para organizar los festivales Masdanza y Across Hip-Hop, y Medina no solo evitó abstenerse ante el evidente conflicto de intereses, continuado y activo, sino que además colaboró en el diseño de programaciones culturales que favorecieron a su negocio y mintió en auditorías al validar las adjudicaciones a su propia firma.
La investigación, recuerda EFE, se inició tras una denuncia del Partido Popular, e identificó indicios de prevaricación administrativa y negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos que la Fiscalía atribuyó a Galván como presidenta de la Sociedad de Promoción durante esos años, junto a los gerentes Agustín Díaz y María Elena Rodríguez, y a la propia Medina.
El fiscal recordó que las incompatibilidades y prohibiciones de contratar que estipula la Ley de Contratos del Sector Público son normas de orden público y de carácter imperativo, no dependen de la voluntad o de la buena fe del consejero o del órgano de contratación.
