Los empresarios Fernando Merino y Antxon Alonso niegan ante el Supremo el pago de mordidas por contratos públicos
Los empresarios Fernando Merino y Antxon Alonso negaron este lunes ante el Tribunal Supremo haber obtenido contratos públicos en el País Vasco y Navarra a cambio de sobornos.
De acuerdo con fuentes jurídicas citadas por El Mundo, durante su declaración, el empresario reconoció su amistad con el exsecretario de Organización del PSOE, el encarcelado Santos Cerdán, aunque negó que fuera su socio en la empresa Servinabar.
Durante el registro en su domicilio, realizado por la UCO el 10 de junio, los agentes hallaron un contrato privado de compraventa mediante el cual Alonso cedía 1.350 participaciones sociales —de un total de 3.000— a Santos Cerdán.
Alonso afirmó que la venta de las participaciones en Servinabar a Cerdán fueron en un documento privado, sin validez legal, y sostuvo que él seguía siendo el único propietario de la empresa.
Alonso responde sólo a su defensa y niega todos los delitos
Antxon Alonso, quien respondió únicamente a su abogado defensor, negó haber incurrido en actividades delictivas relacionadas con el pago de comisiones ilegales o con manipulaciones en adjudicaciones de obra pública.
Al finalizar la comparecencia, que fuentes jurídicas describieron como «una entrevista con su abogada», la Fiscalía Anticorrupción solicitó la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado.
Contratos públicos millonarios para una empresa con 10 empleados sin experiencia en la construcción
Alonso, propietario de Servinabar 2000 SL, —empresa sin experiencia previa en el ámbito de la construcción— comenzó a recibir adjudicaciones de obras relevantes en Navarra, como la de Mina Muga, en Sangüesa, y el pabellón Navarra Arena, en Pamplona.
El Gobierno regional, presidido por la socialista María Chivite, entregó en 2024 un contrato público de 76 millones de euros a la Servinabar 2000 SL, una empresa con apenas diez empleados en la que es accionista el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Una adjudicación sospechosa que también salpica a la consejera foral, hoy ministra, Elma Saiz.
