La burocracia española ha vuelto a tropezar con su propia ineficiencia tecnológica, protagonizando un episodio que oscila entre lo cómico y lo indignante. El Gobierno ha tenido que retrasar sine die la entrada en vigor efectiva del control digital de la pesca recreativa porque, sencillamente, la herramienta para hacerlo no existe. La normativa, derivada del Reglamento (UE) 2023/2842, exige a los miles de aficionados que salen a pescar los fines de semana que declaren electrónicamente cada captura, cada pez devuelto al mar e incluso —y esto es lo más surrealista— cada jornada que vuelvan a casa con las manos vacías.
El sistema, bautizado pomposamente como PescaREC, debía ser el «Gran Hermano» de los mares, permitiendo al Estado monitorizar en tiempo real la actividad de la flota recreativa bajo la excusa de la gestión de recursos. Sin embargo, aunque la obligación legal entró teóricamente en vigor el pasado 10 de enero, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no ha sido capaz de lanzar la aplicación móvil necesaria. Los pescadores se encuentran así en un limbo legal: obligados a declarar sus capturas a un fantasma digital que no pueden descargar en sus teléfonos.
Jubilados contra la brecha digital
Más allá de la chapuza técnica, la medida ha levantado una ola de indignación por su insensibilidad social. El perfil del pescador recreativo en España es, en gran medida, el de una persona jubilada que busca en el mar un momento de paz y desconexión. Exigir a un señor de 75 años que maneje una app compleja, suba fotos geolocalizadas de una dorada y rellene formularios digitales con dedos entumecidos por el salitre es desconocer profundamente la realidad de la brecha digital. «Salgo a pescar para olvidarme del móvil, no para trabajar de administrativo para el Ministerio», se quejaba un aficionado en el puerto de Valencia.
Esta obsesión por el control y la digitalización forzosa recuerda a otros despropósitos administrativos recientes, como cuando se destinan millones a proyectos tecnológicos vacíos mientras se desatienden las necesidades reales del sector primario. Es el mismo patrón que vemos cuando Mauritania y Marruecos acaparan el 73% de los fondos pesqueros de la UE, mientras al pescador español, profesional o recreativo, solo se le ofrecen trabas, multas y aplicaciones que no funcionan.
Sin orden ministerial no hay multa
De momento, el retraso en el lanzamiento de la App ha obligado al Gobierno a paralizar también el régimen sancionador. No se puede multar a alguien por no usar una herramienta que no existe. Sin embargo, el miedo en el sector es que, una vez PescaREC esté operativa, se inicie una caza de brujas recaudatoria. Las asociaciones de pesca recreativa denuncian que se les trata como a delincuentes ambientales, cuando su impacto en los caladeros es insignificante comparado con la pesca industrial o la contaminación.
El «Gran Hermano» de la pesca tendrá que esperar, víctima de la incompetencia de una administración que legisla más rápido de lo que es capaz de programar. Mientras tanto, los peces seguirán picando (o no) sin que un servidor en Madrid se entere, y los jubilados podrán disfrutar de unos meses más de esa libertad analógica que el progreso burocrático se empeña en extinguir.
