La llegada de los menores migrantes no acompañados (menas) a Aragón ya es un hecho. El Gobierno autonómico ha recibido más de una docena de expedientes de jóvenes que serán trasladados desde Canarias y Ceuta, dentro del cupo asignado a la comunidad. En total, se prevé que Aragón acoja hasta 251 menores en los próximos meses.
Jóvenes cerca de la mayoría de edad
La mayoría de expedientes corresponden a chicos con una edad próxima a los 18 años. La llegada de este grupo obligará al Ejecutivo aragonés a abrir nuevos centros de acogida, dado que las infraestructuras actuales no son suficientes.
El Departamento de Bienestar Social dispone de diez días de plazo para presentar alegaciones, aunque desde la consejería lamentan la falta de diálogo con el Ministerio.
Contexto y cifras
Durante 2024, Aragón atendió a 494 menas, con picos de hasta 216 menores en acogida simultánea. Ahora, con el nuevo cupo, se prevé una presión extra sobre el sistema de protección.
Este movimiento se enmarca en el plan nacional de reparto de menores migrantes que llegan principalmente a Canarias. Sin embargo, desde el Gobierno central se mantiene opacidad: tal y como publicó este medio, el Ejecutivo de Sánchez reitera que seguirá ocultando el destino de los menas trasladados de Canarias a la Península .
A nivel estatal, la cifra es creciente: España ya acoge a 19.000 menas, el 94% varones y el 60% de Marruecos .
Familias de acogida en descenso
Más allá de los traslados, el Gobierno aragonés intenta reforzar el sistema de acogida familiar. Actualmente existen 83 familias de acogida, una cifra a la baja que complica la atención de situaciones especiales como bebés o grupos de hermanos.
Todos los niños tutelados hasta los seis años viven en familias, pero el objetivo oficial es extenderlo hasta los 10 años. La consejera Carmen Susín insiste en que sin el apoyo de más familias, la respuesta institucional se verá limitada.
Una gestión bajo presión
La inminente llegada de los menas a Aragón reabre el debate sobre la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar este flujo y sobre el papel del Gobierno central en la coordinación y la transparencia del proceso.
