La resolución, emitida por la jueza Sara Vega, dice que no existen indicios para proceder contra el político del PP; supone cierre provisional del caso
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha decidido archivar la denuncia por agresión sexual presentada por la presentadora Paloma Lago contra el exconsejero de la Junta de Galicia, Alfonso Villares, del Partido Popular (PP).
La resolución, emitida por la jueza Sara Vega, concluye que no existen indicios suficientes para proceder contra el político, lo que supone un cierre provisional del caso que ha generado controversia en el ámbito político y social gallego.
La denuncia se remonta a diciembre de 2024, cuando Lago acusó a Villares de una presunta agresión sexual que involucraría sumisión química. Según el relato de la denunciante, el incidente ocurrió el 27 de diciembre de 2024 en Covas, Ferrol, donde Lago se desmayó en compañía de Villares y despertó desorientada. Villares, por su parte, alertó a la familia de Lago, residentes cercanos, y se llamó a los servicios de emergencia cuatro días después del suceso.
Durante la investigación, que se prolongó más de un año, se tomaron declaraciones a Lago, Villares y varios familiares como testigos. Las diligencias se realizaron en septiembre y mediados de diciembre de 2025.
Informe negativo
Un informe toxicológico clave, realizado el día del incidente, resultó negativo en sustancias relacionadas con sumisión química o consumo de alcohol, lo que debilitó la hipótesis inicial de la policía sobre un posible envenenamiento.
Debido a la gravedad de los hechos alegados, el procedimiento se tramitó como sumario ordinario, no abreviado, lo que implica que la decisión debe ser elevada a la Audiencia Provincial de La Coruña para su confirmación o rechazo.
Tanto la Fiscalía como la defensa de Lago pueden apelar ante esta instancia superior. Fuentes cercanas a Villares han defendido su inocencia desde el principio, destacando que el exconsejero se ha apartado de la vida pública durante el proceso.
Repercusiones políticas
Este caso ha tenido repercusiones políticas en Galicia, aunque el impacto se ha atenuado tras la divulgación del informe toxicológico. Villares, quien ocupó cargos relevantes en la Junta, ha mantenido un perfil bajo, y su entorno califica la resolución como una «exculpación total».
Por el momento, no se han emitido declaraciones oficiales de las partes involucradas tras el levantamiento del secreto de sumario la semana pasada.
La Audiencia Provincial podría resolver definitivamente el asunto en las próximas semanas, poniendo fin a una investigación que ha puesto en el foco la intersección entre política y justicia en la región.
Mientras tanto, el debate sobre la credibilidad de las denuncias por agresión sexual sigue vigente en la sociedad gallega, recordando la importancia de pruebas sólidas en estos delicados procesos judiciales.
