Los traficantes de personas eran plenamente conscientes de la precariedad de la embarcación, la falta de víveres y el hacinamiento
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebró este martes la primera sesión del juicio contra cinco patrones de cayuco senegaleses que dirigieron una embarcación precaria sin víveres con más de ciento cincuenta subsaharianos a bordo que pretendían entrar ilegalmente en España, travesía saldada con unos ochenta muertos.
Los acusados cobraron gran cantidad de dinero a las víctimas, que subieron a una embarcación inadecuada que, en junio de 2025, quedó a la deriva durante unos veinte días sin agua ni alimentos suficientes para todos.
Los cinco procesados asumieron las tareas de navegación fijando y siguiendo el rumbo mediante el GPS e intentaron reparar el único motor cuando se averió en alta mar al tiempo que repartían los escasos víveres y mantenían el orden en el cayuco.
Según recuerda el digital El Demócrata, los traficantes ordenaron arrojar al mar los cadáveres de un número indeterminado de personas, superior a ochenta, que murieron durante la travesía por la falta de agua y comida.
El rescate trágico del cayuco en aguas próximas a El Hierro
En un primer momento un petrolero socorrió la embarcación que carecía de luces de navegación, bengalas, deflector de radar y sistemas de comunicación marítima más allá de un dispositivo GPS y los teléfonos móviles que portaban algunos ocupantes mientras la mayoría viajaba sin chaleco salvavidas.
Luego un crucero rescató a sesenta y ocho supervivientes originarios de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania junto con los cuerpos sin vida de tres inmigrantes ilegales y se dirigió al puerto de Santa Cruz de Tenerife donde solo desembarcaron sesenta y siete personas porque uno de los rescatados falleció a bordo pese a recibir asistencia médica.
Los patronos del cayuco tenían pleno conocimiento de la precariedad de la embarcación y la falta de víveres
La Fiscalía recalcó que los acusados tenían pleno conocimiento de la insuficiencia de víveres y agua del hacinamiento extremo a bordo y de las graves deficiencias estructurales de la embarcación para afrontar una larga ruta en mar abierto desde la costa africana.
Los tres inmigrantes ilegales muertos fallecieron por insuficiencia respiratoria derivada de un tromboembolismo pulmonar y por fallos multiorgánicos asociados a la deshidratación. Los hechos encajan según la acusación en un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
El ministerio público solicitó para uno de los acusados una condena de veintiún años de prisión y para los otros cuatro penas superiores a quince años de cárcel además del abono de una indemnización de ciento cincuenta mil euros a los herederos de los fallecidos y de unos cinco mil ochocientos euros para los supervivientes que precisaron hospitalización.
