9,4 millones de turismos y furgonetas ligeras están a punto de ser confinados fuera de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en al menos 80 ciudades
En un nuevo capítulo de la cruzada ecológica impulsada por gobiernos progresistas (con la connivencia del PP), España asiste atónita a la imposición de restricciones cada vez más draconianas para los vehículos con etiqueta B de la DGT.
Según un informe de Autopista.es, cerca de 9,4 millones de turismos y furgonetas ligeras –el 31,5% del parque automovilístico nacional– están a punto de ser confinados fuera de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en al menos 80 ciudades.
Se trata de coches gasolina matriculados entre 2001 y 2006, y diésel de 2006 a 2014, es decir, los vehículos fiables y asequibles que han sostenido la economía de familias trabajadoras durante décadas.
Barbarie ecosostenible
Esta ofensiva contra la propiedad privada comienza ya… En Oviedo, Orihuela, Huesca, Málaga, Sabadell, Terrasa, Reus, el distrito Centro de Madrid, Bilbao, Getafe y Estepona, el acceso está vetado de inmediato, con multas de hasta 200 euros acechando a través de cámaras y lectores de matrículas.
San Fernando y Huelva se sumarán en enero de 2026, mientras Málaga y Palma de Mallorca lo harán en 2027, y San Sebastián en 2028. Cataluña, bastión de políticas separatistas y ecologistas radicales, lidera esta barbarie: a partir de 2026, sus 23 ciudades aplicarán los vetos más severos en todo el país, bajo un «Plan de Calidad del Aire» que no es sino un pretexto para asfixiar la libertad de movimiento.
Políticas de izquierda: veneno urbano
El argumento oficial: reducir la contaminación. Suena noble, pero huele a impostura. El Gobierno y la UE quieren demonizar y lo hacen a estos motores cuando el verdadero veneno urbano son las políticas de izquierda que priorizan ideología sobre pragmatismo.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con su amenaza de sanciones y corte de subvenciones a ayuntamientos remisos, obliga a esta implementación forzada para 2026, ignorando que solo el 30% de las ZBE están operativas.
Se trata, como señalan muchos expertos consultados, de “un chantaje estatal que pisotea la autonomía municipal y, sobre todo, el bolsillo del ciudadano medio”.
Estrujados por impuestos e inflación
El planteamiento es cuántos conductores de clase media, ya estrujados por impuestos e inflación, podrán permitirse cambiar su coche por un eléctrico subsidiado por el erario público.
La realidad es que millones quedarán varados, obligados a usar transporte público ineficiente o a resignarse a multas abusivas, mientras los élites circulan impunes en sus SUV de lujo.
Desde una perspectiva conservadora, esto no es progreso, sino regresión. No es más que un ataque frontal a la esencia de la libertad individual y al motor económico español.
Prisiones urbanas y tiranía verde
La DGT, con su nueva señal R-120, no delimita zonas, sino prisiones urbanas. Por ello, muchos se plantean los siguiente: Dónde queda el derecho a la propiedad, ganado con sudor en tiempos de bonanza.
Estas medidas, disfrazadas de «sostenibilidad», como la etiqueta B benefician a lobbies verdes y a la agenda globalista de la UE, que impone cuotas imposibles sin alternativas reales. En lugar de invertir en infraestructuras eficientes o incentivos fiscales para renovaciones voluntarias, el Gobierno opta por el garrote: vetos que empobrecen y aíslan.
La sociedad española debe rebelarse contra esta tiranía verde. De hecho, en medios especializados se exige moratorias razonables, exenciones para vehículos adaptados y un debate nacional sobre movilidad que no sacrifique a los humildes en el altar de la utopía climática. Si no, el próximo paso será confiscar llaves en nombre del «bien común».
