García Ortiz, aferrado al cargo, está obligado por ley a suspender de sus funciones a su subordinada, también procesada
La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitaron este lunes la dimisión del fiscal general procesado, Álvaro García Ortiz. Esta petición se produjo después de que un magistrado del Tribunal Supremo propusiera juzgarlo por un presunto delito de revelación de secretos.
Ambas asociaciones agrupan a la mayoría de la carrera fiscal, pero no se sumó la minoritaria, de sesgo progresista, a la que perteneció el fiscal general procesado.
El procesado, si sigue en el cargo, está obligado por ley a suspender a su subordinada procesada
«Creo que la situación es insostenible», declaró a Europa Press Cristina Dexeus, portavoz de la AF. Para Dexeus, García Ortiz no podía seguir en el cargo ya que sería «una causa absoluta de sonrojo y vergüenza».
Dexeus también advirtió sobre una situación paradójica: si García Ortiz no dejaba su cargo, como fiscal general podría verse obligado a suspender de funciones a la coprocesada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Señaló que, al no existir una disposición estatutaria que lo obligara a cesar, él podría continuar sin dimitir, lo que consideró muy criticable.
«Lo dijimos con anticipación y ahora enfrentamos esta situación con el fiscal general todavía en su cargo. Si a un fiscal se le suspende al ser procesado para mantener la imparcialidad institucional, más razón habría para aplicarlo a quien la encabeza», concluyó Dexeus.
Si hubiera dimitido no nos hubiéramos personado
Miguel Pallarés, portavoz de la APIF, solicitó a García Ortiz que asumiera su responsabilidad y dimitiera voluntariamente. «Precisamente porque no dimitió dio lugar a que nos personáramos en la causa. Si hubiera dimitido no nos hubiéremos personado», resaltó en declaraciones, recogidas por Confilegal.
El Colegio de la Abogacía de Madrid preparado para ‘proteger el secreto profesional y el derecho de defensa’
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), otra de las partes personadas en la causa, recordó en un comunicado que «este procedimiento tiene su origen, entre otras actuaciones, en la querella interpuesta por la Junta de Gobierno del ICAM en defensa del secreto profesional de uno de sus colegiados, un principio esencial del ejercicio de la Abogacía y del derecho de defensa».
El Colegio de abogados «se mantiene preparado para adoptar, nuevamente, todas las medidas que resulten necesarias, tanto de índole colegial como institucional, para proteger el secreto profesional, el derecho de defensa y garantizar el respeto a las libertades jurídicas más básicas» indicó el comunicado, recogido por El Debate.
