“La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España”
Todas las asociaciones de jueces y fiscales han respondido este lunes a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Arremetió este fin de semana contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber absuelto al ex jugador del FC Barcelona, Dani Alves de un delito de agresión sexual.
En un comunicado emitido hace esos minutos, han señalado que «las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho«.
Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales sostienen que «las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial».ç
“Qué vergüenza”
La vicepresidenta Montero dijo el pasado sábado en un acto del PSOE lo siguiente: «Qué vergüenza la sentencia de Dani Alves, después de lo que nosotras hemos luchado por la igualdad y los derechos de las mujeres, que la presunción de inocencia esté por encima de la declaración de una mujer que se haya enfrentado al poder es una vergüenza, defendemos la dignidad de las mujeres».
Presunción de inocencia
Jueces y fiscales recuerdan a Montero. «La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios».
