Por fin se rompe una lanza por la libertad y la igualdad en Cataluña.
En un giro inesperado pero profundamente necesario, el Ayuntamiento de La Roca del Vallès, en la provincia de Barcelona, ha decidido dar marcha atrás en su política excluyente que exigía un elevado nivel de catalán como requisito obligatorio para acceder a puestos de trabajo municipales. Esta rectificación se produce tras la firme intervención de la asociación Convivencia Cívica Catalana, que interpuso una demanda denunciando la desproporcionada exigencia lingüística impuesta por el consistorio.
El catalán ya no será un obstáculo para quienes, siendo perfectamente válidos, cualificados y con vocación de servicio público, han sido durante años injustamente apartados del empleo público por no dominar una lengua cooficial utilizada como filtro ideológico más que como herramienta de comunicación.
Una batalla ganada por la ciudadanía frente al sectarismo lingüístico
Durante demasiado tiempo, en Cataluña se ha utilizado la lengua catalana como un arma política. Bajo la apariencia de proteger una lengua, se ha levantado un muro contra miles de ciudadanos cuyo único «pecado» ha sido tener como lengua habitual el castellano, la lengua común de todos los españoles. Lejos de ser una medida de integración, la imposición del catalán en todas las esferas de la administración ha sido un instrumento de exclusión, un mecanismo para purgar ideológicamente las instituciones y someterlas a una visión nacionalista.
La resolución del Ayuntamiento de La Roca del Vallès llega tras la denuncia de un proceso selectivo que requería un nivel desorbitado de catalán (nivel C1), incluso para puestos en los que el uso de la lengua catalana no era ni frecuente ni esencial. Este requerimiento no solo vulneraba el principio de igualdad recogido en la Constitución, sino que además suponía una traba real al acceso al empleo para una mayoría silenciosa a la que, desde hace décadas, se le niega el derecho a servir a su comunidad por no plegarse al dogma lingüístico separatista.
El caso paradigmático: el clarinetista expulsado por no acreditar el C1
Este episodio nos recuerda el indignante caso del músico José Joaquín Sánchez, clarinetista de la Banda Municipal de Barcelona, quien fue cesado tras 27 años de impecable trayectoria, no por falta de profesionalidad, sino por no haber obtenido el nivel C1 de catalán. ¿Qué relevancia tiene la lengua en la ejecución de una partitura? ¿En qué momento la política contaminó hasta los pentagramas?
Estos episodios muestran hasta qué punto la ideología nacionalista ha intoxicado la vida pública catalana, desplazando el mérito, la experiencia y la preparación profesional en favor de criterios identitarios.
El nacionalismo retrocede, la libertad avanza
La retirada de esta exigencia es una clara victoria de la razón frente al fanatismo, y un mensaje poderoso: Cataluña no es propiedad de quienes buscan imponer una sola lengua, una sola identidad, un solo pensamiento. Es hora de recordar que Cataluña también es de quienes han sido marginados por hablar en castellano, de quienes creen en una España plural, libre y unida.
Este gesto del Ayuntamiento de La Roca del Vallès debe ser el primer paso hacia una revisión integral de las políticas lingüísticas en toda Cataluña. Porque una administración pública no está para excluir, sino para servir a todos por igual. Y porque en una democracia de verdad, ningún ciudadano debe verse discriminado por la lengua que habla, menos aún en su propio país.
¿Y ahora qué?
El gobierno central y el Parlamento catalán deberían tomar nota. La lengua no puede ser jamás un filtro ideológico ni un instrumento de discriminación. España es un país diverso, sí, pero también unido por una lengua común que garantiza la igualdad entre sus ciudadanos. Es hora de volver a esa idea, de recuperar el sentido común y poner fin a décadas de políticas excluyentes impuestas por el nacionalismo.
Desde aquí, saludamos esta decisión valiente y esperamos que otros ayuntamientos tengan el coraje de seguir el mismo camino.
