El Partido Popular sigue fomentando el efecto llamada y gastando el dinero de los madrileños en inmigración ilegal
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha aprobado un presupuesto superior a los 37 millones de euros para atender a 250 menores extranjeros no acompañados (MENA) en la Comunidad de Madrid durante un periodo de dos años, según consta en la documentación oficial de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
El contrato se formaliza a través de un Acuerdo Marco, según informó @CanarioToday, y permitirá financiar plazas en centros residenciales de acogida entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2028. La Comunidad de Madrid ha fijado un precio de referencia de 186 euros por plaza y día, al que se suma el IVA, lo que eleva el importe total del expediente a 37,39 millones de euros.
El cálculo se basa en un modelo estándar de centro con diez plazas, ofreciendo atención 24 horas al día durante 731 días. De esta manera, el coste sin impuestos se estima en 33,99 millones de euros, con un IVA añadido del 10 %, equivalente a 3,39 millones de euros.
Distribución presupuestaria por ejercicios
El presupuesto se reparte en tres periodos:
- Segundo semestre de 2026: 9,4 millones de euros
- Todo 2027: 18,6 millones de euros
- Primer semestre de 2028: 9,3 millones de euros
El pliego también contempla posibles modificaciones y prórrogas, que podrían duplicar el valor máximo del acuerdo hasta 74,7 millones de euros sin IVA.
Estructura de costes en los centros de acogida
La mayor parte del gasto corresponde a personal, con más de un millón de euros en salarios por cada centro de diez plazas durante dos años. Además, se incluyen partidas para alimentación, ropa, transporte, material escolar, farmacia, actividades de ocio y mantenimiento, así como gastos generales, costes indirectos y margen empresarial.
La licitación se realizará por procedimiento abierto, permitiendo adjudicar contratos sin necesidad de nuevas convocatorias. El presupuesto se imputará al programa autonómico de «Protección a la familia y al menor», dentro del capítulo de conciertos con entidades privadas.
Con esta medida, el Ejecutivo madrileño busca ampliar la red de acogida residencial frente al aumento de menores migrantes no acompañados, un tema que ha generado un intenso debate político y social sobre la distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas y la financiación de estos recursos.
