El Partido Popular aplica las políticas globalistas de la Agenda 2030
El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha asumido un papel cada vez más alineado con las políticas impulsadas por el Gobierno central de Pedro Sánchez, aplicando en la comunidad autónoma medidas que reproducen el modelo del bipartidismo en ámbitos clave como la inmigración, la agenda verde y la política social e ideológica.
Bajo el argumento del consenso institucional y el cumplimiento legal, el Ejecutivo aragonés ha puesto en marcha decisiones que, según sus críticos, están teniendo un impacto negativo en la seguridad, el sector primario y la identidad cultural de Aragón.
Acogida de menas y ruptura con VOX
Uno de los episodios más significativos de la legislatura fue la acogida masiva de menores extranjeros no acompañados (menas). Azcón defendió esta política apelando a la legalidad vigente, una postura que provocó la ruptura del pacto de gobierno con VOX y el abandono de la formación de la coalición.
Esta decisión ha generado preocupación en distintos municipios por la presión sobre los servicios públicos, la falta de recursos y las consecuencias en materia de seguridad ciudadana, replicando, según sus detractores, el modelo de inmigración abierta promovido por el PSOE a nivel nacional.
Agenda verde y deterioro del campo aragonés
Otro de los pilares de la gestión de Azcón es la aplicación del Pacto Verde en el medio rural. Durante su mandato, empresas como Forestalia, investigada por presuntas irregularidades, han impulsado grandes proyectos eólicos que han supuesto la expropiación de tierras agrícolas, la tala de miles de árboles y la fragmentación del territorio.
Organizaciones agrarias denuncian que estas políticas ponen en riesgo la viabilidad del campo aragonés y priorizan los intereses energéticos sobre la soberanía alimentaria. A ello se suma la importación de fruta marroquí para comedores escolares, que afecta a más de 100.000 alumnos y perjudica directamente a los productores locales.
Inmigración laboral, delincuencia y cohesión social
La política migratoria del Gobierno de Aragón no se limita a los menas. El Ejecutivo autonómico ha facilitado la llegada de 2.200 trabajadores chinos para la gigafactoría de CATL, una empresa vinculada al Partido Comunista Chino, incluyendo ayudas públicas para su alojamiento.
Este contexto coincide con un aumento de la criminalidad, ya que Aragón encabezó en 2024 el crecimiento de delitos, un fenómeno que diversas fuentes asocian a la inmigración irregular procedente del Magreb. En ciudades como Zaragoza, vecinos alertan de la aparición de zonas degradadas y de una pérdida de cohesión social.
Paralelamente, el Gobierno autonómico impulsa programas de cultura marroquí en centros educativos y destina millones de euros en subvenciones a ONG como Cruz Roja para la gestión de inmigrantes en situación irregular, medidas que han sido duramente cuestionadas.
Pactos con la izquierda y agenda ideológica
En el plano político e ideológico, Azcón ha optado por acuerdos con el PSOE —tanto con el Ejecutivo central como con el entorno de Javier Lambán— y con formaciones como Chunta Aragonesista, descartando entendimientos con VOX.
Entre las decisiones más polémicas figuran los intentos de retirada de cruces cristianas históricas bajo argumentos medioambientales, paralizados tras recursos judiciales, y la aceptación de la creación de un registro de objetores al aborto, alineándose con las exigencias del Gobierno de Sánchez.
Un PP autonómico alineado con el sanchismo
El balance de estas políticas dibuja, para sus críticos, un Partido Popular en Aragón integrado de facto en el sanchismo, lejos de ejercer una oposición real a la agenda progresista. Mientras VOX denuncia una “estafa política” y reclama un cambio profundo de rumbo, el Ejecutivo de Azcón continúa apostando por el consenso con la izquierda, una estrategia que, según denuncian, perjudica a los intereses de los aragoneses.
