La UE también advierte en su Informe sobre el Estado de Derecho la desconfianza que genera en los jueces la norma que trama el ministro de Sánchez
El Gobierno de Sánchez ya afronta un nuevo frente en Bruselas. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha declarado admisible la denuncia presentada por Hazte Oír contra la llamada Ley Bolaños, lo que obliga a la Comisión Europea a abrir una revisión preliminar de la controvertida reforma judicial.
La ley, impulsada por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, propone que la Fiscalía asuma la instrucción de los procesos penales, relegando a los jueces a un papel de “garantía”. La medida ha generado protestas masivas entre jueces y fiscales, que la consideran un ataque directo a la independencia judicial.
Aunque la decisión del Parlamento Europeo no supone un pronunciamiento definitivo, recuerda Epoch Times, abre la puerta a que Bruselas analice en profundidad si la Ley Bolaños respeta los estándares europeos de separación de poderes y Estado de Derecho.
El Estado de Derecho en entredicho
La decisión coincide con la publicación del Informe sobre el Estado de Derecho 2025, donde Bruselas ya advertía de la creciente tensión en España por las protestas de jueces y fiscales. Según el documento, esas movilizaciones reflejan la desconfianza en la reforma judicial promovida por el Ejecutivo.
La denuncia, respaldada por más de 70.000 firmas, fue remitida en junio y esta semana recibió respuesta oficial. En una carta a Hazte Oír, Bogdan Rzońca, presidente de la Comisión de Peticiones, confirmó la apertura de una investigación preliminar y trasladó el caso a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior.
Desde Hazte Oír señalan que su objetivo es que la Comisión Europea “ponga freno a los abusos del Ejecutivo de Sánchez” y garantice la separación de poderes.
La UCO, en el centro del debate
El Gobierno defiende la reforma como la “mayor modernización de la carrera judicial en 40 años”, pero en el Congreso la tramitación está encallada y ahora suma el escrutinio europeo.
Uno de los puntos más sensibles del anteproyecto es que la Fiscalía, dependiente del Gobierno, pasaría a supervisar directamente a unidades policiales clave como la UCO de la Guardia Civil, responsable de investigar grandes casos de corrupción.
El contexto político no ayuda: actualmente 47 altos cargos socialistas —21 investigados y 26 citados como testigos— están siendo señalados por la justicia en distintos procesos de corrupción. Muchos de ellos investigados precisamente por la UCO.
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