El mecanismo de ajuste por carbono (MACF) amenaza con asfixiar a las pequeñas empresas importadoras con aumentos de costes y trámites ‘kafkianos’
Las pymes importadoras afrontan desde enero de 2026 una carga administrativa sin precedentes con la entrada en vigor definitiva del mecanismo de ajuste de carbono en frontera (MACF o CBAM). Este impuesto al carbono grava su contenido en productos que llegan de terceros países y afecta ya a sectores clave como el acero, el aluminio, el cemento, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno.
Bruselas amplía ahora el alcance a casi 180 productos que incorporan acero y aluminio, entre ellos maquinaria pesada, radiadores industriales, lavadoras y frigoríficos-congeladores, con el objetivo de equiparar los costes climáticos que pagan las empresas europeas con los de sus competidores extranjeros.
La Comisión Europea defiende el MACF como una herramienta para proteger la industria europea de la competencia desleal procedente de países con regulaciones ambientales laxas. El comisario Stéphane Séjourné explicó la filosofía de la medida: «Esta reforma es, ante todo, una fuerte demanda de nuestros industriales», añadió que estos «llevan mucho tiempo reclamando un trato igualitario y justo frente a nuestros competidores extranjeros, aquellos que tienen pocas o ninguna normativa climática».
El sistema se basa en declarar las emisiones reales de los productos importados. Cuando el importador no aporta datos verificados de la fábrica, se aplican valores por defecto que penalizan progresivamente: un recargo del 10 % en 2026, del 20 % en 2027 y del 30 % a partir de 2028. Esta escalada complica las operaciones de las empresas que dependen de proveedores externos y eleva el precio final de los bienes.
El impuesto al carbono’ hace justo lo contrario’ de lo que pretende
Grandes productores europeos ya advierten de efectos contraproducentes. Jean-Marc Germain, director general de Constellium, afirmó que el MACF «hace exactamente lo contrario» de lo que pretende. Según Germain, el mecanismo encarece los costes de las empresas europeas y debilita su posición en los mercados de exportación, especialmente en aeronáutica, automoción y embalaje.
En declaraciones recogidas en Epoch Times, el directivo destacó además la desventaja energética: los precios de la electricidad en Europa triplican los de China o Estados Unidos, justo cuando la descarbonización exige mayor consumo eléctrico. Por eso pidió excluir el aluminio del mecanismo en 2026, ya que Europa no produce suficiente material crítico para sectores estratégicos como la defensa.
La burocracia kafkiana que ahoga a las pequeñas empresas
Más allá de los costes directos, el mayor problema para las pymes reside en la complejidad administrativa. Las empresas deben inscribirse en un registro europeo, obtener la condición de importador autorizado y presentar documentación exhaustiva: certificado de regularidad fiscal, cuentas de los últimos tres años, número de empleados y previsiones detalladas de importación por producto. Además, cada trimestre entregan informes sobre el contenido de carbono, ya sea con datos reales del proveedor o con valores por defecto agravados.
Un cronista de BFMTV describió el proceso como kafkiano tras analizar la guía oficial de 158 páginas publicada por Bercy. Las pymes se ven obligadas a manejar conceptos técnicos como emisiones directas e indirectas, normas de trazabilidad y cálculos de ingeniería de carbono. Mientras las autoridades prometen simplificaciones, este mecanismo representa, para muchas pequeñas empresas, un nuevo muro administrativo que pone en riesgo su supervivencia en un mercado cada vez más exigente.
Excepción de última hora para los fertilizantes
La presión del sector agrícola forzó una modificación de urgencia en el régimen aplicado a los fertilizantes importados. La Comisión anunció una adaptación que limita el impacto en los precios ante la grave crisis que atraviesan los agricultores europeos. Bruselas aplicó únicamente un incremento del 1% sobre los valores por defecto para calcular las emisiones de CO₂ en este sector, lo que supone una excepción respecto al resto de productos.
La Comisión asegura que «las consecuencias sobre los precios de los fertilizantes importados serán, por lo tanto, extremadamente reducidas», con un alza estimada del 7 % repartida entre toda la cadena. Aun así, los cerealistas consideran insuficiente la medida y piden la exclusión total de los fertilizantes. Cédric Benoist, de la AGPB, resumió el sentir del sector: «Sigue quedando la mayor parte del impuesto. El anuncio de hoy es solo cosmético».
