La Comisión Europea de Von der Leyen sigue persiguiendo la libertad de expresión
La Comisión Europea ha intensificado su estrategia regulatoria sobre el entorno digital al incluir a WhatsApp dentro del régimen más severo de supervisión contemplado en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Aunque se presenta como una decisión de carácter técnico, la medida tiene importantes consecuencias políticas y democráticas, y vuelve a generar preocupación en torno a la libertad de expresión en Europa.
La decisión, oficializada el 26 de enero, se apoya en la reclasificación de la función WhatsApp Channels como una plataforma de “muy gran tamaño”, al superar los 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea. Este nuevo estatus coloca a la aplicación bajo vigilancia directa de Bruselas y la obliga a cumplir requisitos mucho más exigentes en materia de moderación de contenidos, análisis de riesgos y transparencia.
WhatsApp bajo supervisión directa de la Comisión Europea
Desde la Comisión Europea se insiste en que los mensajes privados no están incluidos en el alcance de la regulación y que las nuevas obligaciones se limitan a los canales de difusión unidireccional. Sin embargo, la experiencia reciente con otras plataformas digitales indica que estas delimitaciones “técnicas” tienden a ampliarse con el tiempo.
En la práctica, cada paso regulatorio ha ido extendiendo el margen de intervención política sobre herramientas digitales que millones de ciudadanos utilizan para informarse, expresarse y comunicarse fuera de los medios tradicionales.
El concepto de “riesgos sistémicos” y su impacto en el debate público
Uno de los puntos más controvertidos del DSA es la definición de los llamados “riesgos sistémicos”. Bajo esta categoría no solo se incluyen contenidos ilegales, sino también supuestas amenazas a la democracia, los procesos electorales o los denominados derechos fundamentales. Se trata de conceptos amplios y abiertos a interpretación, lo que otorga al regulador un notable margen de discrecionalidad.
Como consecuencia, las plataformas digitales se ven obligadas a anticipar y neutralizar contenidos que puedan ser considerados problemáticos, incluso antes de que exista una infracción clara. Esto desplaza la responsabilidad del control del discurso público hacia empresas privadas, que actúan como árbitros del debate social bajo criterios definidos desde Bruselas.
Riesgo de autocensura y pérdida de pluralismo
Numerosos juristas y defensores de las libertades civiles advierten de que este modelo fomenta la autocensura, reduce el pluralismo político y debilita las garantías democráticas. La falta de procedimientos transparentes y de un control democrático efectivo sobre estas decisiones refuerza las críticas al marco regulatorio actual.
Una estrategia regulatoria indirecta
El caso de WhatsApp no es una excepción. Tras el bloqueo político y social de iniciativas como el controvertido “chat control”, la Comisión Europea ha optado por una vía alternativa: ampliar de forma gradual el alcance del DSA. Cuando una propuesta genera rechazo, reaparece reformulada a través de ajustes técnicos o reclasificaciones normativas.
Esta estrategia, según sus críticos, permite avanzar en el control del ecosistema digital sin un debate público claro, reavivando las tensiones entre regulación, derechos fundamentales y libertad de expresión en la Unión Europea.
