La PolicÃa detiene en varias ciudades españolas a 18 sujetos por falsificación documental y favorecer la inmigración ilegal
Cobraban entre 400 y 600 euros por empadronar inmigrantes ilegales en varias ciudades de España. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la PolicÃa Nacional desarticuló una organización criminal en Zaragoza que facilitaba empadronamientos fraudulentos a extranjeros en situación irregular.
Los agentes detuvieron a 18 personas acusadas de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. Con la excepción del cabecilla y dos subordinados, los 15 sujetos restantes ya están en libertad con cargos.
Falsificaban contratos de alquiler y recibos bancarios
La red operaba con una estructura jerarquizada en cuatro niveles: captadores, falsificadores, conductores y colaboradores. El lÃder, R. F. J. (español nacido en 1985), captaba clientes y colaboradores mientras cobraba entre 400 y 600 euros por cada empadronamiento falso.
Los falsificadores manipulaban contratos de alquiler simulados y recibos bancarios para presentarlos en el Ayuntamiento de Zaragoza o en juntas municipales, y algunos acompañaban a los extranjeros durante los trámites. Los conductores trasladaban a los ilegales, gestionaban la entrega de documentación falsificada y controlaban la recaudación para repartirla en la organización.
Prisión para el cabecilla y libertad con cargos para los 15 miembros de la banda restantes
Los agentes analizan la documentación incautada y los movimientos económicos, por lo que no descartan nuevas detenciones a medida que avance el caso. La operación, que los investigadores iniciaron el año pasado, se desarrolló esta semana y culminó con el paso de los detenidos a disposición del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza.
La investigación permanece bajo secreto de sumario. El juez decretó prisión provisional para el presunto cabecilla y dos subordinados (J. L. R. F., nacido en 1988, y J. G. A., nacido en 1987), mientras que el resto quedó en libertad con cargos. Fuentes policiales confirmaron a El Periódico de Aragón que la red utilizaba estas prácticas para regularizar de facto la situación administrativa de inmigrantes en la capital aragonesa y en otras ciudades del paÃs.
