El líder de Junts pide al Tribunal Constitucional «la suspensión de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión»
Quiere volver a España, bueno, a su Cataluña. Y exige al Tribunal Constitucional regresar a nuestro país. Se aferra al informe del abogado de la Unión Europea que ha avalado la Ley de Amnistía. Mediante un nuevo escrito, al que ha tenido acceso El Mundo, Carles, Carlos, Carlas Puigdemont sostiene que el análisis de su recurso de amparo contra la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación «no puede efectuarse con una mirada aislada ni meramente interna, sino integrando de forma completa el marco constitucional y europeo aplicable».
De tal forma que reclama «la suspensión de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión» emitidas contra él. También la «comunicación inmediata» de la decisión «a los órganos judiciales y policiales competentes, nacionales y europeos para garantizar la paralización total de cualquier actuación» encaminada a detenerle.
Realidad jurídica
La defensa de Carlos Puigdemont arguye que «la realidad jurídica existente se ha visto transformada de manera decisiva» recientemente tanto por la declaración de constitucionalidad de la ley como por «las conclusiones del abogado general, que afirma que la ley es plenamente conforme con el ordenamiento de la Unión Europea».
Asimismo, añade el escrito del líder de Junts que el abogado general «afirma con rotundidad que la Ley de Amnistía es plenamente compatible con el Derecho de la Unión».
El abogado Dean Spielmann considera que la ley española, entre otras cuestiones, no recoge una «autoamnistía», expresamente prohibida. Aunque sus conclusiones no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sí son un elemento de peso para la redacción de una sentencia que no tiene fecha prevista.
«Estas conclusiones (si bien no vinculantes formalmente)», incide la representación de Puigdemont, poseen una autoridad interpretativa indiscutible…
El propio abogado general señala que la amnistía pertenece «a la competencia exclusiva de los estados miembros. La oportunidad, el alcance y el contenido de una amnistía quedan fuera del control del Derecho de la Unión. Este tipo de afirmaciones tienen un impacto directo en la ponderación cautelar, al disipar cualquier duda sobre la validez europea de la norma».
Unidad y coherencia
En palabras del letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye, la función del abogado general «no es consultiva en sentido débil sino orgánicamente jurisdiccional». Esto es, como señala El Mundo, «presentar públicamente, con absoluta independencia, una propuesta jurídica completa destinada a orientar al tribunal» que «asegure la unidad, coherencia y racionalidad del sistema jurídico europeo». Lo cual «dota a sus afirmaciones de una fiabilidad cualitativa innegable».
En el ámbito de la Ley de Amnistía “dichas concusiones adquieren un carácter decisivo porque disipan expresamente las dudas de compatibilidad con el Derecho de la Unión que algunos órganos internos habían invocado para dilatar o cuestionar su aplicación».
Fundamento jurídico
Por lo tanto, a su juicio, este reciente pronunciamiento, «unido a la declaración de constitucionalidad de la Ley de Amnistía, elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo».
Según ha podido saber El Mundo, el Tribunal Constitucionaltiene previsto resolver el recurso de amparo de Carlos Puigdemont en el primer cuatrimestre. En una entrevista, su presidente, Cándido conde-Pumpido, ya avanzó que «la decisión del abogado general nos será muy útil tenerla en cuenta».
