Francisco Martín Aguirre, cuando era secretario general de la Presidencia del Gobierno, contrató a la asesora particular de la esposa presidencial
El juez instructor del ‘Caso Begoña’, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por cuatro presuntos delitos, ha imputado a Francisco Martín Aguirre, ex secretario general de la Presidencia del Gobierno y actual delegado del Gobierno en Madrid.
En su auto, el juez cita a Martín Aguirre para declarar como investigado el próximo 14 de mayo a las 13:30 horas. Esta citación del ex-fontanero de Sánchez en Moncloa responde a la admisión de una querella interpuesta por las acusaciones populares contra él.
Según el juez, existen indicios de que Martín Aguirre participó en la designación de la asesora Cristina Álvarez como alto cargo del Ejecutivo con el objetivo de que desempeñara «funciones privadas» en beneficio de Begoña Gómez, utilizando fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado.
Por esta razón, el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Martín Aguirre, superior jerárquico de la asesora remunerada con ‘fondos de naturaleza pública’
El magistrado lo considera el «superior jerárquico» de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que realizó gestiones privadas para la esposa presidencial.
Según recoge La Razón, durante su etapa como secretario general de la Presidencia (entre julio de 2021 y marzo de 2023) Martín Aguirre habría estado implicado en supuestas irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos.
En ese periodo, Cristina Álvarez, remunerada con «fondos de naturaleza pública«, actuó como intermediaria entre Gómez y la Universidad Complutense en asuntos relacionados con una cátedra, así como con la empresa Reale Seguros, a la que expresó el interés de la esposa del presidente en continuar recibiendo su patrocinio.
Desvincula a Gómez y Álvarez del presunto delito por el que imputa al delegado del Gobierno
No obstante, el juez excluye a la ex asesora monclovita y la esposa presidencial de la posible comisión de ese delito, porque «no se alcanza a percibir en qué medida» ambas pudieron influir en el proceso de nombramiento de la asesora.
En cuanto a la implicación de Gómez, el instructor limita su papel al uso «de sus servicios profesionales, aunque para fines personales«, sin que esto implique «responsabilidad penal alguna».
