Lo que muchos sospechaban y el Gobierno negaba, ahora se investiga internacionalmente. El caso Plus Ultra, esa aerolínea minúscula (0,03% de cuota de mercado) que el Gobierno de Sánchez rescató con 53 millones de euros de dinero público por ser «estratégica», ha explotado en la cara del Ejecutivo. Fiscales de Francia y Suiza han reabierto la investigación por un presunto blanqueo de capitales masivo vinculado directamente al régimen chavista de Nicolás Maduro.
Según informa Libertad Digital, la trama no solo implica un rescate injustificado, sino que conecta los fondos públicos españoles con los CLAP venezolanos, el sistema de reparto de alimentos que la dictadura usa para controlar a la población y, presuntamente, lavar dinero. Es decir, el dinero de tus impuestos, supuestamente destinado a salvar empleos en pandemia, habría acabado nutriendo las arcas de una narcodictadura al otro lado del charco.
Un rescate que olía mal desde el día 1
Plus Ultra acumulaba pérdidas millonarias antes del Covid. No era viable. Aun así, la SEPI, dependiente de Hacienda, le inyectó millones mientras dejaba caer a miles de autónomos y pymes españolas. Ahora sabemos por qué. La conexión venezolana, con empresarios cercanos al chavismo en el accionariado, era la clave. Suiza y Francia han detectado movimientos de fondos que España archivó provisionalmente. La justicia europea va a hacer el trabajo que aquí no se quiso o no se pudo hacer.
Este escándalo deja al caso Koldo en una anécdota. Hablamos de financiación internacional de regímenes corruptos con aval del Estado español. Mientras nos distraen con los tickets de Ábalos, la verdadera trama internacional operaba a cielo abierto. Es la corrupción elevada a la categoría de geopolítica.
