PP y Vox marcan una posición clara
El Ayuntamiento de Castelló ha confirmado que no acogerá menas tras la carta remitida por la Generalitat valenciana solicitando espacios para menores migrantes. El portavoz municipal y del PP, Vicent Sales, explicó que el consistorio carece de competencias, presupuesto y espacios municipales, y recordó que la responsabilidad corresponde al Gobierno de España y a la Generalitat, cuyos centros están “saturados al 160%” mientras incumplen mandatos del Tribunal Supremo que obligaban a hacerse cargo de 1.000 menores en Canarias.
Vox endurece el discurso
Desde Vox, su portavoz Antonio Ortolá fue aún más contundente: “si el PP en Castelló quiere acoger a estos menores, que no cuente con Vox para ningún efecto”. Ortolá calificó de “insulto” destinar dinero público a inmigrantes ilegales cuando muchas familias de Castelló atraviesan serias dificultades, y vinculó la inmigración masiva con delincuencia y un gasto insoportable para los vecinos. Vox defendió que la única solución responsable pasa por el retorno de los menores a sus familias de origen o que las embajadas de sus países asuman esa responsabilidad.
El coste millonario
El Gobierno de Sánchez aprobó en agosto un decreto que fija en 1.767 los menores que la Comunidad Valenciana debe acoger desde Canarias, de los cuales actualmente hay 481 con un coste medio de 200 euros diarios cada uno. Esto permitiría trasladar hasta 1.286 menores adicionales, lo que supondría un gasto superior a 106 millones de euros al año. Vox denuncia que se trata de un derroche económico inaceptable en una ciudad con necesidades urgentes en servicios sociales, infraestructuras y apoyo a las familias locales.
El trasfondo político
La polémica evidencia la fractura en torno a la política migratoria: mientras el Gobierno de Sánchez impone cupos de menas a comunidades como la Valenciana, el PP en Castelló subraya la falta de competencias y Vox rechaza frontalmente cualquier cesión de recursos. Desde la formación de Abascal se recuerda que ya rompieron gobiernos autonómicos en 2024 por el mismo motivo y denuncian que territorios como País Vasco y Cataluña quedan exentos del reparto, lo que consideran un ejemplo de sectarismo.
