Lo que durante años ha sido un secreto a voces en la política catalana, hoy ha estallado con fuerza: la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) está sumida en una red de corrupción institucional que ha operado con total impunidad bajo el amparo de los partidos separatistas y sus aliados ideológicos.
La diputada de VOX en el Parlament de Cataluña, María García Fuster, ha comparecido ante los medios para lanzar una denuncia rotunda y demoledora: la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha mentido deliberadamente al Parlamento, ha encubierto durante meses un entramado oscuro dentro de su departamento y ha abandonado su deber de proteger a los menores más vulnerables.
“La señora Martínez Bravo no solo ha fracasado políticamente: ha demostrado ser parte de un sistema que ha antepuesto los intereses ideológicos y económicos de unas pocas fundaciones afines al separatismo por encima de la protección de niños y adolescentes desamparados”, declaró con firmeza García Fuster.
UN SISTEMA PODRIDO HASTA LA RAÍZ
VOX lo dice alto y claro: la DGAIA ha sido colonizada por intereses partidistas. Se han desviado recursos públicos a entidades marcadamente ideologizadas, vinculadas a la órbita del independentismo, bajo el pretexto de servicios sociales, mientras la realidad muestra un abandono absoluto de las funciones básicas del organismo.
“Esto no es un caso aislado. Es el síntoma de una enfermedad estructural: Cataluña lleva años secuestrada por un régimen político corrupto, opaco y ajeno a las verdaderas necesidades de los catalanes”, añadió la diputada.
VOX ha sido el único partido con la valentía de señalarlo desde el primer momento. Exigió comparecencias, pidió explicaciones y destapó lo que otros querían ocultar. Mientras tanto, los partidos del sistema —ERC, Junts, PSC, Comunes y CUP— votaron en bloque para impedir una comisión de investigación. El silencio cómplice de toda la clase política catalana es, para VOX, una vergüenza institucional.
“No querían investigar porque ya conocían el alcance de lo que había. Lo han tapado todo. Nos intentaron silenciar en diciembre, y siguen intentándolo. Pero VOX no se calla, no se rinde y no se vende”, sentenció García Fuster.
ACCIONES LEGALES Y TOLERANCIA CERO
Ante la gravedad de los hechos, VOX ha anunciado que llevará el caso a la Fiscalía para que se abra una investigación penal. “Este caso no puede cerrarse con excusas políticas. Hace falta justicia. Hace falta que los responsables paguen con consecuencias reales. No basta con dimisiones: hace falta depurar responsabilidades a todos los niveles”, explicó la diputada.
Además, ha recordado que esta situación no es más que la punta del iceberg de un problema mayor: la colonización ideológica de las instituciones catalanas, donde los intereses partidistas del nacionalismo se imponen sistemáticamente sobre el bienestar social y la legalidad.
DEROGACIÓN URGENTE DE LA LEY DE COOPERACIÓN
En este mismo sentido, García Fuster anunció la presentación de una moción parlamentaria para derogar la actual Ley de Cooperación al Desarrollo, a la que ha definido como “una estructura clientelar diseñada para desviar dinero a ONGs ideologizadas y fomentar políticas migratorias irresponsables”.
“Estamos hablando de 86 millones de euros anuales que podrían destinarse a construir vivienda social, rehabilitar barrios degradados y ofrecer oportunidades reales a las familias catalanas que no llegan a fin de mes, pero que ahora se malgastan en financiar activismo político con sello separatista o en proyectos en el extranjero sin impacto medible en Cataluña”, denunció.
GUERRA CULTURAL: LA IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA
Por si fuera poco, VOX ha vuelto a denunciar el Pacto Nacional por la Lengua, que considera una “estrategia sistemática de erradicación del español en la vida pública catalana”. García Fuster advirtió que este pacto es “otro intento más de los partidos separatistas y sus cómplices de imponer el catalán como única lengua posible en la administración, la escuela, la sanidad y los medios de comunicación”.
“No se trata de proteger el catalán, que tiene su lugar y su valor cultural. Se trata de perseguir y arrinconar el español, la lengua materna de la mayoría de los catalanes. Y lo hacen con dinero público, con legislación a medida y con el beneplácito de socialistas y comunistas”, acusó.
VOX, LA ÚNICA OPOSICIÓN REAL EN CATALUÑA
Mientras el resto de partidos miran hacia otro lado o se reparten el poder bajo la mesa, VOX se planta con claridad y sin complejos. En palabras de García Fuster: “Vamos a seguir defendiendo a los niños, a las familias, a los trabajadores y a los catalanes de bien frente a este régimen de corrupción, imposición y abandono. No hemos venido a pactar con nadie. Hemos venido a poner fin a esta farsa institucional”.
El escándalo está servido. Las pruebas están sobre la mesa. Y la pregunta es clara: ¿cuánto más va a tardar el Govern en responder por su responsabilidad en esta trama? ¿Cuántos menores han sido víctimas del abandono político? ¿Cuánto dinero más se va a seguir tirando para sostener chiringuitos ideológicos?
