Advierten de los “efectos destructivos en el orden social, constitucional y en la igualdad de los ciudadanos” que causará el Gobierno de Pedro Sánchez
Se llaman Juan Antonio García y Teresa Mata Sierra. Son catedráticos de Derecho de León y advierten, en un texto al que esperan que se adhieran otros docentes de todo el país, de los «efectos destructivos» de la amnistía en el orden social, constitucional y en la igualdad de los ciudadanos.
Aseguran en redes sociales que alzarán la voz contra esta cuestión: «No nos hemos vuelto mudos». En el escrito indican que «la Constitución debe estar por encima de las disputas políticas y de las ambiciones personales de los gobernantes, de cualquier gobernante».
Critican además que la «fuerza normativa» de la Carta Magna pueda ser «utilizada como moneda de cambio por ningún líder político o partido, sea de la orientación ideológica que sea».
El manifiesto lleva por título: «¿Los profesores de Derecho creemos en lo que enseñamos?». En él, y como no podía ser de otra forma, muestran su «defensa más firme del principio de constitucionalidad de igualdad de los españoles ante la ley». Si se considera «compatible con la Constitución la amnistía de los encausados y condenados por los acontecimientos de Cataluña conocidos como el Procés, a fin de que pueda gobernar un determinado partido político, igual de legítimo y jurídicamente posible habrá de estimarse cualquier amnistía que en el futuro otro partido pudiera otorgar a cualquier grupo de delincuentes y siempre que dicha medida permita alcanzar el gobierno al partido que entonces la promueva».
Congruentes con las disciplinas del Derecho
La intención de estos catedráticos es ser congruentes con las materias que imparten en sus clases de Derecho. “Todas y cada una de las disciplinas pierden sustento si asumimos calladamente que la obligatoriedad del Derecho está subordinada a los puros intereses personales de quien tenga pode político, económico, mediático o de cualquier clase. Si hoy por los intereses de una parte, cabe amnistiar esos delitos por obra de partidos que negaban hasta el día mismo de las elecciones la constitucionalidad de su amnistía, mañana podrán amnistiar, con idéntico propósito puramente político, cualesquiera delitos contra la vida, las libertades todas«.
Señalan además que “los firmantes de este escrito no queremos ser parte de esa triste mayoría de silenciosos enseñantes de Derecho y queremos hacer constar, con nuestros nombres, que ningún silencio institucional en nuestra Universidad nos compromete como cómplices de la degeneración de nuestro sistema jurídico». Y animan a que otros profesores de más facultades de España hagan lo mismo: «Que se sepa que los profesores de Derecho no nos hemos vuelto mudos».
La ley de Amnistía es «nula e inaplicable»
Por otro lado, cerca de 300 profesores universitarios de Derecho han suscrito otro comunicado similar «en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho» en el que sostienen que la amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes «es contraria a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea y, por tanto, nula e inaplicable«. Se trata de una declaración espontánea, explican los firmantes, que no está auspiciada por ningún partido o asociación.
El motivo principal de oposición es que una ley así «quiebra el Estado de Derecho, al supeditar a los jueces a las mayorías parlamentarias«, y es «contrario al principio de separación de poderes, esencial en la democracia«.
Los profesores firmantes califican de «golpe de Estado encubierto» el hecho de que el pacto contemple «el enjuiciamiento del ejercicio de la potestad judicial por el Congreso de los Diputados». «Una amnistía nunca puede ser constitucional ni acorde al Derecho de la Unión Europea cuando se promulga para que el amnistiado y sus amigos y conocidos -incluido un sospechoso de blanqueo de capitales del narcotráfico- eviten la aplicación de la justicia, a cambio de prestar sus votos -siete monedas de plata con la cara de un prófugo- a la investidura de un candidato».
El comunicado incluye referencias al derecho de la UE, que a su juicio choca con los planes de Pedro Sánchez. «Ni el terrorismo, ni la malversación, ni el blanqueo de capitales son amnistiables, conforme a la normativa de la Unión Europea», sostienen. «Los jueces españoles, al ser jueces de la Unión, deben considerar nulas e inaplicables las normas que resulten contrarias al Derecho de la Unión Europea”.
