La debilidad de la política exterior europea pone en la picota al sector porcino español mientras Bruselas mira hacia otro lado
Lo que mal empieza, mal acaba, y en geopolítica la ingenuidad se paga con sangre económica. La reciente decisión de la Unión Europea de imponer aranceles punitivos a los coches eléctricos chinos, una medida aplaudida por los burócratas de Bruselas desconectados de la realidad productiva, ha tenido la respuesta inmediata y devastadora que cualquier analista serio preveía: la venganza implacable de Pekín. Y como solemos advertir, los platos rotos de esta fiesta no los van a pagar los políticos europeos con sus sueldos blindados, sino nuestros ganaderos, trabajadores y familias del mundo rural.
China ha anunciado la imposición de aranceles provisionales de hasta el 19,8% para el cerdo europeo, un verdadero misil dirigido a la línea de flotación del sector primario español. No olvidemos que España es el principal exportador de carne de porcino al gigante asiático, un mercado que ha costado décadas conquistar y que ahora se tambalea por decisiones políticas en las que nuestros productores no han tenido voz ni voto.
Un ataque directo a la economía nacional
La medida afecta especialmente a regiones como Aragón y Cataluña, donde el sector porcino no es solo una actividad económica, sino el motor de vida de cientos de pueblos. Estamos hablando de pérdidas potenciales de millones de euros, de cierres de explotaciones y de destrucción de empleo directo e indirecto. Es la historia de siempre: Europa juega a ser potencia mundial con pistolas de agua, y cuando el dragón asiático responde, lo hace mordiendo donde más duele y donde somos más vulnerables.
¿Dónde está ahora el famoso «escudo social» del Gobierno para nuestros ganaderos? Mientras Pedro Sánchez se pasea por los foros internacionales presumiendo de liderazgo, la realidad es que España es irrelevante en la toma de decisiones que afectan a sus intereses vitales. Hemos permitido que Alemania imponga su agenda para proteger (supuestamente) su industria automotriz, sacrificando a cambio a nuestro sector agroalimentario. Es un intercambio vergonzoso de cartas donde España siempre pierde.
El suicidio verde de Bruselas
Todo esto ocurre bajo el paraguas de la fanática Agenda 2030 y la obsesión por una transición ecológica acelerada que está destruyendo nuestra competitividad. Queremos imponer coches eléctricos carísimos que nadie puede comprar y, para ello, iniciamos una guerra comercial con quien controla la tecnología y las materias primas para fabricarlos. Es un suicidio económico en toda regla, orquestado por élites urbanitas que jamás han pisado una granja.
Resulta indignante ver cómo la UE sacrifica a sus productores eficientes y competitivos para intentar proteger artificialmente una industria del coche eléctrico que, paradójicamente, ya depende estructuralmente de las baterías chinas. Pekín tiene la sartén por el mango y lo sabe. Bruselas, en cambio, solo tiene retórica vacía y normativas asfixiantes.
El silencio cómplice del Gobierno
La inacción del Ministerio de Agricultura y del Gobierno de coalición es clamorosa. Más allá de declaraciones de buenas intenciones, no hay un plan B, no hay diplomacia económica agresiva y no hay defensa real de los intereses nacionales. Nuestros ganaderos, que ya viven asfixiados por la subida de costes de producción, la burocracia demencial y las normativas de bienestar animal más estrictas del mundo, reciben ahora este golpe de gracia.
Si Europa no espabila y empieza a defender sus intereses reales basándose en la reciprocidad y el sentido común, en lugar de en agendas ideológicas, nuestro campo está condenado a desaparecer. Y cuando no produzcamos nuestros propios alimentos, entonces sí que sabremos lo que es depender de terceros países.
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