La sanidad pública catalana atraviesa sus horas más bajas, sumida en una espiral de listas de espera y falta de recursos que está teniendo consecuencias dramáticas para la calidad de vida de los pacientes. El último caso que ha sacado los colores a la gestión de la Generalitat es el de un vecino de Blanes que lleva dos años y medio (30 meses) esperando una intervención quirúrgica urgente para sustituir una prótesis cervical rota.
Este caso, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en el símbolo del «colapso sanitario» que denuncian sindicatos médicos y asociaciones de pacientes en toda la comunidad autónoma.
El calvario de este paciente, cuya identidad se mantiene en el anonimato por privacidad, comenzó cuando su prótesis falló, provocándole dolores invalidantes y una pérdida progresiva de movilidad.
A pesar de que los especialistas calificaron su cirugía como prioritaria, la intervención ha sido programada y cancelada en varias ocasiones sin explicaciones claras, sumergiéndolo en un limbo burocrático. Según datos oficiales, Cataluña lidera el vergonzoso ranking nacional de listas de espera, con 196.911 personas aguardando una operación. La media de demora se sitúa en 148 días, una cifra que triplica los 49 días de espera media que registra la Comunidad de Madrid, evidenciando una brecha territorial en el derecho a la salud difícil de justificar.
Deuda crónica y mala gestión
Las causas de este desastre asistencial son múltiples, pero los expertos apuntan a una infrafinanciación crónica del sistema combinada con una gestión política que ha priorizado otras carpetas. El aumento de la población en Cataluña en la última década no ha ido acompasado de un incremento proporcional en infraestructuras hospitalarias ni en personal sanitario.
El resultado es un sistema saturado que revienta por las costuras en cuanto sube la presión asistencial, ya sea por la gripe estacional o por el envejecimiento natural de la población.
La situación es tan crítica que las estadísticas de mortalidad en lista de espera se han disparado. Se estima que las muertes de pacientes que aguardaban una llamada del hospital han aumentado un 80% en la última década. Es la cara más cruel de un sistema que, en teoría, debería ser la joya del estado del bienestar. Mientras la administración catalana reclama más competencias y financiación singular, servicios básicos como la salud se deterioran a un ritmo alarmante, recordando a situaciones de desamparo institucional como cuando Marlaska deja a Guardia Civil y Policía Nacional sin protección, dejando claro que el abandono de lo público no entiende de colores políticos ni de fronteras autonómicas.
El riesgo de las complicaciones silentes
En el caso concreto de las prótesis rotas, los traumatólogos advierten del peligro de demorar la intervención. Aunque el paciente pueda «aguantar» el dolor con medicación, una prótesis fracturada puede liberar partículas de metal o silicona en los tejidos circundantes, provocando metalosis, infecciones graves o daños irreparables en el hueso sano. Mantener a un paciente en esta situación durante 30 meses no es solo una negligencia administrativa, es poner en riesgo su viabilidad física futura.
El paciente de Blanes, al igual que los casi 200.000 catalanes en lista de espera, es víctima de un sistema que ha normalizado la demora. La «espera» ha dejado de ser un tiempo prudencial de organización para convertirse en una barrera de acceso efectiva a la salud. Si no se toman medidas de choque inmediatas, con planes de autoconcierto y contratación de refuerzos, la sanidad catalana corre el riesgo de dejar de ser un servicio público universal para convertirse en una lotería donde solo se salvan los que pueden pagarse un seguro privado.
