Cesada la edil de bienestar social, Ana María Casas, bajo investigación por la compra de mariscos con fondos para familias vulnerables
Son sus costumbres. Se investiga la presunta compra ilegal de gambas, gulas y paté en el Ayuntamiento de la localidad de Villaviciosa de Córdoba, gobernada por el PSOE, por parte de su concejal de bienestar social, Ana María Casas.
Con el habitual secretismo en estas situaciones, la alcaldesa Gema González cesó a su concejal por «pérdida de confianza» y se negó a aportar más información hasta que concluya la investigación interna.
Fondos públicos para familias vulnerables gastados en langostinos y gambas
Según informan desde el periódico ABC, la concejal Ana María Casas endosó presuntamente como material de limpieza la compra de esos alimentos y otros bienes de uso personal.
En concreto, la socialista compraba las gambas, los langostinos y demás alimentos con fondos destinados a personas vulnerables. Más tarde, añade el citado medio, la socialista presentaba las facturas como material de limpieza dentro de las concejalías municipales.
Ni pedir perdón, ni asumir responsabilidades
Sin embargo, la concejal Ana María Casas niega cualquier responsabilidad en los presuntos delitos y tampoco pidió perdón porque «no hay una acusación formal a mi persona». La socialista se limitó a victimizarse, asegurando aseguró que se siente «culpable» por haber confiado en «gente a ciegas» que se han «aprovechado» de la situación.
El consistorio se niega a dar la lista de familias vulnerables ‘beneficiadas’ por las compras de la concejal
En ese sentido, el portavoz VOX en el Ayuntamiento, Sergio López, señala con vehemencia que «es mentira» que las compras fuesen para Cáritas.
De hecho, solicitaron la lista de familias vulnerables beneficiadas por la presunta compra, pero el Consistorio socialista se negó a aportarla con el pretexto de la «protección de datos«.
La portavoz del PP en Villaviciosa de Córdoba, Rosa Fernández, explica además que tienen «documentación desde 2021 y tenemos serios indicios de que hay más irregularidades. Y si, además, se usan a familias necesitadas como excusa para justificar gastos encubiertos, eso es una instrumentalización intolerable de la vulnerabilidad social».
