Los exregidores del PSOE Emilio Amuedo y Antonio Maestre cobraron ayudas de los ERE para crear un centro ecuestre que nunca existió
El mismo día que el Constitucional exonera a uno de los altos cargos socialistas condenados por el saqueo de los ERE, (el exconsejero Gaspar Zarrías), la Audiencia de Sevilla condena a catorce meses de cárcel a Antonio Maestre, exalcalde de Los Palacios, en una pieza separada del mismo caso.
La Audiencia también condena a un año de prisión a una interventora del Ayuntamiento, Trinidad Rodríguez, y absuelve a un segundo exalcalde de Los Palacios, Emilio Amuedo, al considerar prescritos los delitos de prevaricación y de malversación.
Los magistrados concluyen que los tres procesados “eran plenamente conscientes de que se había incumplido la legalidad en la concesión y recepción en el Ayuntamiento de la ayuda excepcional” recibida por un valor total de 750.000 € para la construcción de un centro ecuestre que jamás existió.
Otro exalcalde socialista de Los Palacios elude la condena por la prescripción de los delitos
Antonio Maestre, exalcalde de Los Palacios y Villafranca entre los años 2004 y 2011, recibe la condena de una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 750.000 € otorgadas por la Junta al Ayuntamiento para la construcción y funcionamiento de un complejo ecuestre inexistente.
En la sentencia, notificada hoy miércoles, el tribunal condena al exalcalde como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos y le impone un año y dos meses de prisión y sendas penas de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación.
De igual modo, la Audiencia condena a una interventora del Ayuntamiento Trinidad Rodríguez por los mismos delitos, con atenuante reparación del daño, y le impone un año de cárcel y sendas penas de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación. Ambos condenados se benefician de la atenuante de dilaciones indebidas.
Por último, los magistrados absuelven al exalcalde de Los Palacios entre 1994 y 2004, Emilio Amuedo, de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos al considerar que ambos delitos han prescrito.
La Junta inyectó fondos de los ERE a Los Palacios un centro ecuestre inexistente
En 2003, el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, y Amuedo firmaron un protocolo de intenciones para que la Junta inyectase una “ayuda excepcional” de 6 millones de euros al Ayuntamiento para construir un centro ecuestre (según un “plan de viabilidad” que “no consta” en ese protocolo).
Guerrero firmó después un convenio con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que abonase más de 901.000 euros al consistorio para el mismo centro ecuestre con cargo a la partida 31L -la del saqueo socialista de los ERE-.
Con posterioridad, el Ayuntamiento recibe “tres pagos por importe total de 750.000 euros”. En 2004, llega un abono de 50.000 € con Amuedo de alcalde y, en 2005, a Maestre le llegan otros dos pagos, de 200.000 y 500.000 €.
‘Se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido’
La Fiscalía subrayó que “En la tramitación de la cantidad recibida se prescindió total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido” y son cantidades “nulas de pleno derecho” al no responder a ninguna base reguladora, incumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
Además, tampoco se acreditó el carácter “excepcional” supuestamente esgrimido por los alcaldes socialistas, que eran “plenamente conscientes de la falta de cumplimiento de la legalidad”, según Anticorrupción.
Para el ministerio Público, Maestre, “sin intención en ningún momento” de dedicar los fondos al citado centro ecuestre, dio al dinero público “destinos que no han resultado debidamente acreditados y que nada tienen que ver” con el protocolo de intenciones de 2003.
La tercera encausada, añade la Fiscalía, era la entonces interventora municipal que “no puso reparo alguno y permitió la utilización de los fondos públicos sin sujeción al procedimiento legal”.
