El Tribunal Constitucional ha asestado un golpe a la política centralizadora del Gobierno al anular parcialmente el real decreto de 2023 que regulaba la Formación Profesional. Esta sentencia responde a un recurso interpuesto por la Generalitat de Cataluña, que denunció la invasión de competencias autonómicas en materia educativa. El fallo, aprobado por unanimidad, refuerza el modelo de descentralización al reconocer que la gestión de la FP debe recaer en las comunidades autónomas y no en el Ejecutivo central.
El Gobierno de Pedro Sánchez, en su afán por controlar cada aspecto de la educación, impuso mediante real decreto una normativa que limitaba las facultades autonómicas en la gestión de la Formación Profesional. Según el recurso presentado por la Generalitat, esta normativa estatal excedía las competencias básicas del Estado, regulando aspectos puramente organizativos que deberían ser decididos por los gobiernos regionales.
La Generalitat argumentó que esta intromisión se producía por dos motivos: la ausencia de habilitación legal que permitiera al Ejecutivo central legislar sobre ciertos aspectos y el nivel de detalle excesivo del decreto, que coartaba la capacidad de las comunidades para decidir sobre la educación en su territorio. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha reconocido que parte de esta normativa era inconstitucional, al vulnerar el reparto competencial entre el Estado y las autonomías.
Un fallo que refuerza el papel de las comunidades autónomas
La resolución del Constitucional establece que las competencias en materia de Formación Profesional tienen carácter compartido. Es decir, el Estado puede fijar las bases generales, pero corresponde a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas bases. De este modo, el fallo pone freno a las injerencias del Gobierno en la educación, al tiempo que refuerza el autogobierno de las comunidades.
La sentencia, redactada por la magistrada Concepción Espejel, perteneciente al sector conservador del tribunal, considera que gran parte del decreto-ley impugnado respeta el marco constitucional, pero hay artículos que claramente invadían atribuciones autonómicas. En particular, se han anulado los preceptos que regulaban el consejo social en los centros de FP y ciertos mecanismos de coordinación docente, al entenderse que estas cuestiones deben ser competencia de cada comunidad autónoma.
El tribunal ha sido claro: la imposición de criterios homogéneos desde el Gobierno central, sin atender a la realidad de cada comunidad, no tiene cabida en un sistema descentralizado. La educación es una competencia transferida a las autonomías, y cualquier intento del Ejecutivo por recuperarla por la puerta de atrás es una vulneración de la Constitución.
Un modelo educativo intervenido desde Moncloa
Esta sentencia es una prueba más del intento del Gobierno de Pedro Sánchez de imponer una estructura educativa basada en la intervención estatal. No es la primera vez que el PSOE busca recentralizar la educación, asfixiando la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar sus propias competencias.
La intención del Ejecutivo era clara: controlar el modelo de Formación Profesional para uniformizar los criterios educativos en todo el país, algo que solo serviría para debilitar la calidad del sistema. En lugar de permitir que cada comunidad diseñe su propia oferta formativa según sus necesidades productivas y sociales, el Gobierno quiso imponer su visión ideológica, ignorando la realidad de cada territorio.
La anulación de estos artículos es una victoria para la autonomía educativa de las comunidades y un freno a la agenda centralizadora del PSOE. No obstante, es previsible que el Gobierno intente buscar nuevos mecanismos para seguir controlando la educación, como ya ha hecho con la ley Celaá, que eliminó el español como lengua vehicular en las aulas y restó peso a la educación concertada.
El reparto de fondos: un chantaje encubierto
El fallo del Constitucional llega en un momento en que el Gobierno ha utilizado la financiación autonómica como una herramienta política. En noviembre pasado, el Ejecutivo aprobó la distribución de cerca de 330 millones de euros para programas relacionados con la Formación Profesional, educación infantil, enseñanza de programación y robótica, y escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania.
A Cataluña le correspondieron 46,2 millones de euros, con los que el Gobierno aseguró que se crearían 9.220 plazas de Formación Profesional y 3.628 de educación infantil. La ministra de Educación, Pilar Alegría, justificó esta medida alegando que el Ejecutivo cumplía así con sus compromisos, aunque en la práctica no era más que un intento de comprar voluntades políticas.
Esta estrategia de financiación condicionada no es nueva. El Gobierno ha utilizado la distribución de fondos como una herramienta de presión política, favoreciendo a aquellas comunidades afines a su agenda y penalizando a las que no siguen sus dictados. En lugar de garantizar un reparto equitativo y basado en criterios objetivos, se ha priorizado el cálculo político, lo que supone una grave falta de respeto a la autonomía de las regiones.
Conclusión: Un triunfo para la descentralización y la autonomía educativa
El Tribunal Constitucional ha reafirmado el derecho de las comunidades autónomas a gestionar la Formación Profesional sin interferencias del Gobierno central. Esta sentencia supone un importante freno a las aspiraciones intervencionistas del Ejecutivo y refuerza el modelo de descentralización recogido en la Constitución.
El intento del PSOE de imponer su visión educativa ha fracasado en los tribunales, y esto debería servir como advertencia para futuros intentos de recentralización. La educación debe estar en manos de quienes mejor conocen las necesidades de cada territorio: las comunidades autónomas. Cualquier intento de control ideológico desde Moncloa solo servirá para empobrecer el sistema educativo y restar libertad a los ciudadanos.
Este fallo es una victoria para la autonomía, el sentido común y el equilibrio de poderes. La educación debe estar al servicio de los alumnos y no de los intereses políticos de un Gobierno obsesionado con el control y la manipulación del sistema educativo.
