El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha decidido dar un paso preocupante: a partir de 2028 no se renovarán las licencias de pisos turísticos existentes, condenando a un sector que genera ingresos, empleo y movimiento económico en la ciudad. Actualmente, 88 viviendas están legalizadas para alquiler turístico, pero el consistorio ha decidido ponerle fecha de caducidad a estas oportunidades de negocio.
Un ataque a la libertad económica
Esta medida no solo limita el turismo; atenta directamente contra la libertad de emprender. Los propietarios que decidieron invertir en viviendas para alquiler vacacional lo hicieron cumpliendo con la ley vigente. Ahora, la Administración les dice: “Tu inversión tiene fecha de caducidad”.
El argumento oficial —“garantizar que los pisos se destinen principalmente a vivir”— es un pretexto que ignora los beneficios tangibles que los pisos turísticos aportan a los barrios: ingresos, empleo, mantenimiento de edificios y dinamización de la economía local.
Los pisos turísticos, motor económico
- Generan empleo: Desde limpieza y mantenimiento hasta gestión, administración y servicios turísticos, estos pisos sostienen numerosos puestos de trabajo.
- Atraen visitantes que gastan en comercios locales: Restaurantes, tiendas, transporte y ocio se benefician directamente de los turistas que alquilan legalmente pisos.
- Revalorizan los barrios: La presencia de pisos turísticos bien gestionados incrementa la inversión en la zona y fomenta la rehabilitación de edificios antiguos.
- Una alternativa al intrusismo ilegal: Regulando y apoyando los pisos turísticos, se reduce el mercado negro de alquiler vacacional, protegiendo a los residentes y al propio sector.
La medida de Cornellà: cortoplacista y perjudicial
Cerrar el acceso al turismo vacacional en 2028 es una decisión cortoplacista que ignora los efectos negativos sobre la economía local. La ciudad no pierde solo visitantes, pierde inversión, oportunidades de empleo y una fuente de ingresos que beneficia a todos.
Además, prohibir la renovación de licencias legales es un mensaje peligroso: el Gobierno local dice a los inversores que aquí sus derechos no valen nada. Esta inseguridad jurídica desincentiva nuevas inversiones y convierte a Cornellà en una ciudad poco atractiva para el desarrollo económico.
Turismo y libertad: compatible con el bienestar de los vecinos
El turismo no tiene por qué expulsar a los residentes. En ciudades donde los pisos turísticos están bien regulados y fiscalizados, conviven con los vecinos y dinamizan los barrios sin perjudicar la vivienda habitual. La clave está en la regulación, no en la prohibición.
Cornellà, con su medida, olvida este principio. En lugar de fomentar un turismo legal, seguro y rentable, opta por la prohibición generalizada, arriesgando el bienestar económico de la ciudad y de sus habitantes.
Consecuencias previsibles
- Los propietarios se verán obligados a reconvertir sus pisos o abandonar el negocio, perdiendo una fuente de ingresos legal y estable.
- La ciudad perderá turismo y gasto asociado, afectando directamente a los comercios locales y a los trabajadores del sector.
- El mercado negro de alquiler vacacional podría aumentar, ya que la prohibición suele empujar a los operadores fuera del marco legal.
Cornellà ahoga el progreso
Eliminar las licencias de pisos turísticos es un ataque al sentido común, al emprendimiento y al turismo responsable. Los pisos turísticos generan riqueza, empleo y dinamizan la vida de los barrios, siempre que estén regulados. Prohibirlos es un error que pagarán todos los ciudadanos.
En lugar de frenar la actividad turística, Cornellà debería apostar por un modelo regulado, seguro y rentable, que permita a propietarios y vecinos convivir con el turismo, sin ahogar la libertad económica ni la inversión en la ciudad.
Porque el turismo vacacional no es un enemigo, sino una oportunidad, y prohibirlo solo demuestra una visión cortoplacista y poco amiga del progreso.
