El Ministerio de Igualdad ha aprobado un nuevo contrato millonario para sustituir las polémicas pulseras antimaltrato por tobilleras más difíciles de manipular, tras los fallos detectados el pasado año. El coste, eso sí, lo asumirán todos los españoles: hasta 111 millones de euros de dinero público, un 40% más que el contrato anterior.
Según ha confirmado el Consejo de Ministros, el nuevo servicio integral del sistema Cometa —encargado de vigilar por medios telemáticos a agresores con órdenes de alejamiento— tendrá una duración de 36 meses y un presupuesto base de 71 millones, que podrá elevarse a 111 millones si se prorroga hasta los cinco años previstos.
Un contrato más caro “para evitar errores”
Tras los fallos de funcionamiento registrados en 2024, que dejaron a varias víctimas sin protección, Igualdad asegura que el nuevo contrato “reforzará la fiabilidad” del sistema. Para ello, se priorizarán las tobilleras electrónicas frente a los tradicionales brazaletes, al ser “más difíciles de manipular o romper”.
La ministra Ana Redondo ha subrayado que se mejorarán los materiales, la resistencia al agua y las baterías, además de incluir alertas de proximidad por Bluetooth entre víctima y agresor. Sin embargo, el salto presupuestario —hasta 30 millones más de gasto— ha despertado críticas sobre el control del dinero público.
En contraste, mientras el Tribunal de Cuentas fiscalizará esta contratación, otros proyectos del Gobierno siguen pendientes de revisión. No es la primera vez que el Ejecutivo es cuestionado por el aumento de costes en programas de seguridad, como ocurrió con el caso del apagón eléctrico, cuando “el Gobierno de Sánchez estudia trasladar a las familias el sobrecoste de 800 millones por el apagón eléctrico” (leer aquí).
Más dispositivos, más gasto
El contrato contempla la compra de 17.660 dispositivos, además de un stock mínimo de 2.000 tobilleras disponibles en todo el país. El Gobierno exige que cualquier aparato dañado o manipulado sea sustituido en menos de 24 horas, y reparado en un máximo de tres meses.
También se incorpora un número 900 exclusivo para las víctimas y dos psicólogos para atender llamadas urgentes. Todo ello, afirman desde Igualdad, busca un “servicio más humano y eficiente”. No obstante, fuentes presupuestarias advierten que este nivel de servicio implica un incremento directo de gasto público que podría superar los 37 millones anuales si se ejecutan todas las prórrogas.
Los españoles, otra vez a pagar los errores
El argumento oficial es la “seguridad de las mujeres”, pero en la práctica el nuevo contrato se traduce en más de 3 millones de euros al mes a cargo del contribuyente.
Un incremento que se suma a los nuevos impuestos y cotizaciones activados por el Ejecutivo, como la reciente medida que “reducirá las nóminas hasta 95 euros al año” (ver noticia relacionada).
El gasto de Igualdad en estos dispositivos será controlado por el Tribunal de Cuentas, aunque el historial del ministerio en materia de contratos —tras la polémica con licitaciones vinculadas al PSOE— ha dejado dudas sobre la gestión de fondos públicos, como ya denunció La Bandera en “Se abren diligencias contra la exdirectora del Instituto de la Mujer por recibir licitaciones de ayuntamientos del PSOE”.
Más tecnología, mismo problema
Las nuevas tobilleras incorporarán geolocalización autónoma, incluso cuando el agresor deje el teléfono en casa. También tendrán eSIM integrada, pantallas reforzadas y sensores de temperatura y movimiento.
Aunque la tecnología mejora, los expertos alertan de que el éxito dependerá del control policial. No del dinero invertido ni de la sofisticación del dispositivo.
Al final, lo que el Ministerio presenta como una “mejora de seguridad” puede transformarse en otro gasto millonario sin resultados claros para los ciudadanos.
Los sindicatos policiales y las asociaciones de víctimas piden al Gobierno que detalle en qué se invertirá cada euro del contrato. Reclaman transparencia y recuerdan que el sistema Cometa ya acumuló fallos por falta de mantenimiento y lentitud en las reparaciones. Para ellos, el problema no está en la tecnología, sino en la gestión directa de Igualdad.
Por su parte, varios expertos en contratación pública advierten que los pliegos incluyen partidas técnicas difíciles de fiscalizar. Aseguran que cada ampliación presupuestaria sin control abre la puerta a nuevos sobrecostes. Reclaman una auditoría independiente para comprobar si los 30 millones extra realmente mejorarán la seguridad o si servirán para tapar errores de gestión anteriores.
