El escándalo que rodea al ya cesado Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional ha abierto una grieta interna que va mucho más allá de una denuncia individual. Según fuentes policiales, altos cargos estarían buscando “mierda” en el expediente de la víctima para desacreditarla y proteger al ex número dos del Cuerpo.
La crisis estalló tras la querella presentada contra José Ángel González por presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación. Desde entonces, los movimientos en la cúpula policial se han acelerado.
Búsqueda de antecedentes para desacreditarla
Fuentes de la división de personal aseguran que “ya han pasado muchos jefazos buscando mierda en su historial”. El objetivo, según estas voces internas, sería doble:
- Desvelar su identidad.
- Encontrar cualquier elemento que pueda erosionar su credibilidad.
La sensación dentro del Cuerpo, según estas mismas fuentes, es que se ha activado una operación para blindar la imagen institucional y minimizar el impacto del caso.
Una denuncia que sacude la cúpula
La agente denunciante presentó querella en los juzgados de Plaza de Castilla el pasado enero por hechos que, según su testimonio, ocurrieron en abril de 2025.
Relata que, estando de servicio, recibió la orden de recoger en un vehículo camuflado al entonces DAO para trasladarlo a su residencia oficial. Allí, siempre según la denuncia, se habría producido la agresión sexual pese a sus negativas.
Posteriormente, sostiene que habría sufrido presiones y coacciones para silenciar lo ocurrido, incluyendo ofertas de ascenso transmitidas a través de un comisario.
Actualmente, la agente se encuentra de baja y destinada a Recursos Humanos, en un puesto cercano al despacho que ocupaba el DAO.
“Puede salpicar a más gente”
Dentro de la Policía hay preocupación. Algunas fuentes advierten de que el caso podría no quedar circunscrito a una sola persona.
“Este caso puede no quedar ahí y salpicar a más gente”, aseguran. También muestran sorpresa por el hecho de que alguien haya denunciado a una figura tan poderosa dentro del organigrama policial.
El temor a represalias es uno de los elementos más repetidos en las conversaciones internas.
La nueva DAO conoció los hechos
La sustitución del ex número dos se produjo el 17 de febrero. Será Gemma Barroso quien asuma el cargo.
Según fuentes internas, ella fue la primera en conocer la denuncia. “Se quedó de piedra”, aseguran quienes han hablado con este medio.
Mientras tanto, desde el Ministerio del Interior se ha insistido en que se actuará conforme a la legalidad y al respeto a los procedimientos judiciales en curso.
Protocolos internos bajo sospecha
El caso ha vuelto a poner en cuestión los canales internos de denuncia dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según relatan agentes consultadas, el protocolo interno por acoso laboral o sexual se tramita dentro de la propia estructura:
- Se activa a través de Asuntos Internos.
- Puede abrirse un expediente disciplinario.
- Se realiza una investigación preliminar.
Sin embargo, varias voces sostienen que “en la mayoría de las ocasiones no tiene mayor recorrido” y que muchas denuncias se archivan con un “aquí no hay nada”.
Esa falta de confianza en el sistema interno lleva a muchas víctimas a optar directamente por la vía penal.
Miedo a quedar marcada
Uno de los aspectos más delicados es el impacto profesional.
“Todo el mundo la va a marcar”, aseguran algunas agentes. El temor no es solo jurídico, sino laboral y reputacional.
En estructuras jerárquicas, denuncian, el conocimiento de la identidad de la denunciante puede derivar en aislamiento profesional o freno en la carrera.
Algunas mujeres dentro del Cuerpo reconocen abiertamente que no acudirían a los canales internos en caso de sufrir acoso. “Primero iría a un abogado”, afirman. “Dentro de casa no”.
Una crisis con derivadas políticas
El cese del ex DAO se produce en un contexto de presión política sobre el Ministerio del Interior.
La gestión del caso y la respuesta institucional marcarán el alcance real de la crisis. Porque más allá de la responsabilidad individual, el foco se ha desplazado hacia el funcionamiento interno del sistema.
La justicia deberá determinar los hechos. Pero el debate ya está abierto en el seno de la Policía: protección corporativa o transparencia real.
Y la pregunta que sobrevuela el caso es incómoda: ¿puede una agente denunciar a un alto mando sin quedar señalada?
