Los letrados ven el caso como un «barco hundido», con una estrategia inicial errónea que complica cualquier intervención
José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave en el PSOE, se enfrenta a una crisis legal sin precedentes. Tras la renuncia de su último abogado, Carlos Bautista, el entorno del político valenciano ha contactado con varios penalistas destacados para asumir su defensa en las causas pendientes, incluida la trama de las mascarillas durante la pandemia.
Sin embargo, las respuestas han sido unánimes: negativas rotundas. Fuentes consultadas por The Objective revelan que los letrados ven el caso como un «barco hundido«, con una estrategia inicial errónea que complica cualquier intervención.
Uno de los abogados sondeados lo describe gráficamente: «Defender a Ábalos es como revivir a un muerto. Hay indicios abrumadores que lo dejan en una posición imposible».
Abogado de oficio
Este profesional, que prefiere el anonimato, asegura que el exministro podría acabar con un abogado de oficio, especialmente tras la suspensión de su sueldo en el Congreso, lo que podría calificarlo para asistencia jurídica gratuita.
La urgencia es palpable: Ábalos será juzgado en los próximos meses por delitos como organización criminal, cohecho y malversación, relacionados con la adjudicación irregular de contratos de mascarillas.
Impagos de honorarios
La renuncia de Bautista, anunciada el pasado miércoles, se atribuye oficialmente a impagos de honorarios. No obstante, fuentes cercanas apuntan a discrepancias estratégicas.
Ábalos contrató a Bautista, un exfiscal de la Audiencia Nacional con experiencia en casos como el 11-M o las excarcelaciones de etarras, con la idea de pactar con la Fiscalía y obtener atenuantes. Sin embargo, el exministro no ha cedido a esta vía, presuntamente por presiones externas y su «adherencia» al PSOE. «No hace caso a los consejos profesionales», lamenta otro penalista contactado.
Defensa emocional
En su lugar, Ábalos mantiene una defensa emocional, basada en ideología más que en lógica jurídica, apostando por un posible indulto futuro.
Esta es la segunda vez que Ábalos se queda sin representación. En octubre, rompió con su primer abogado, José Aníbal Álvarez, tras una discusión sobre su acta de diputado. El Tribunal Supremo ha obligado a Bautista a asistirle en una vista inminente sobre su prisión preventiva, decretada el 27 de noviembre. El magistrado Leopoldo Puente ha dado cinco días para designar un nuevo letrado; de lo contrario, se asignará uno de oficio.
Las acusaciones son graves: la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, mientras que las populares elevan la petición a 30. En contraste, Víctor de Aldama, comisionista clave en la trama, ha visto reducida su pena a siete años gracias a su colaboración.
Ábalos insiste en su inocencia
Ábalos, en prisión y sin ingresos, insiste en su inocencia, alegando falta de patrimonio oculto. Pero los expertos coinciden: su negativa a colaborar complica todo. «Debería haber pactado desde el principio», opina un letrado.
El caso, que también investiga comisiones en obras públicas, pone en jaque la carrera de Ábalos. Su entorno busca desesperadamente un defensor, pero el consenso es claro: nadie quiere subirse a este tren descarrilado.
Mientras, el exministro confía en que el tiempo y la política le den la razón, aunque los indicios judiciales pintan un panorama sombrío.
