La mitad de los 20 okupas acumulaban 85 antecedentes policiales; se les ofreció a todos billetes de tren para salir de la ciudad y se negaron
Vecinos de Amposta sufren durante un lustro una guarida de delincuentes. Este jueves, 26 de febrero, los Mossos d’Esquadra y la Policía Local desalojaron un edificio en Amposta, en la calle Sant Pere, que se había convertido en un refugio para criminales y presentaba condiciones insalubres. El lugar tenía un alto riesgo de incendio debido a malas conexiones eléctricas y acumulación de basura.
Desde principios de febrero se fue comunicando la orden de desalojo a los delincuentes que usurpaban la propiedad ajena. Este miércoles sólo quedaban nueve sujetos que, entre todos, acumulaban 85 antecedentes policiales.
Les pagaron el billete para ir a otra ciudad y se negaron
Tras una decisión judicial que declaró el edificio inhabitado, se desalojaron todos los ocupantes y se planea sellarlo y rehabilitarlo cuando regrese a su propietario. Aunque se ofreció un billete de tren para salir de la ciudad, todos se negaron.
El edificio, que tiene diez pisos y un local comercial, se construyó durante el auge del sector inmobiliario y ahora es propiedad de un fondo de inversión. Aunque al principio tuvo ocupaciones ocasionales, unas veinte personas se establecieron allí, incluyendo una familia con cuatro niños, lo que llevó a numerosos problemas en la zona.
Cinco años convertido en guarida de ladrones
Desde 2021, se convirtió en foco de conflictos y actos delictivos, con disturbios casi cada noche, causando molestias a los vecinos, según el alcalde Adam Tomàs. Hace cuatro años, un propietario privado adquirió el edificio y el Ayuntamiento inició el proceso de desalojo.
Durante las inspecciones realizadas por los Mossos d’Esquadra, se encontraron conexiones eléctricas peligrosas y condiciones de insalubridad extrema, lo que aumentaba el riesgo de incendio.
Finalmente, se determinó que las viviendas eran inhabitables y, con el apoyo de un tribunal, se ejecutó el desalojo. La familia con cuatro niños será monitorizada por el área de Derechos Sociales, mientras que la Policía Local vigilará para evitar que intenten ocupar otros edificios vacíos.
El propietario ha comenzado a asegurar el inmueble y a planificar su restauración para vender o alquilar los apartamentos, informa El Caso.
